Buenaventura enfrenta su peor crisis de agua: el 70 % del distrito sin servicio tras daño en la Línea 39

Buenaventura atraviesa una de las emergencias de agua más graves de los últimos años. Desde el pasado 8 de junio, cerca del 70 % de la población del distrito, unas 37.000 personas entre zonas urbanas, rurales e insulares, permanece sin servicio de acueducto tras la ruptura de la llamada Línea 39, la tubería principal que conduce el agua cruda desde la bocatoma del río Escalerete hasta la planta de tratamiento de Venecia.

El daño se originó por el crecimiento súbito de la quebrada El Venado, que provocó el desprendimiento del ducto de 39 pulgadas a la altura del kilómetro 22+500. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) advirtió que la reparación podría tardar hasta diez días, lo que ubica el primer plazo de restablecimiento hacia el sábado 20 de junio.

Ante la magnitud de la contingencia, la Gobernación del Valle del Cauca activó un plan de atención inmediata con dos excavadoras tipo 320 con capacidad de demolición y dos carrotanques que recorren de manera constante los sectores más críticos del distrito para distribuir agua potable. El 14 de junio se despachó maquinaria adicional luego de que uno de los equipos presentara fallas.

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, instaló un Puesto de Mando Unificado en Buenaventura y desplegó once carrotanques iniciales, con nueve más en camino, además de tanques de almacenamiento y plantas portátiles de tratamiento. El presidente ordenó la intervención inmediata del batallón de ingenieros del Ejército para acelerar las obras.

La emergencia obligó a trasladar a la virtualidad las clases de unos 32.000 estudiantes a partir del 16 de junio, con el fin de garantizar la continuidad del calendario académico mientras avanzan los trabajos de recuperación de la infraestructura.

La gobernadora Dilian Francisca Toro insistió en que la solución estructural del acueducto de Buenaventura excede la capacidad financiera regional y dependerá del compromiso del próximo gobierno nacional para asegurar los recursos. El departamento ha pedido garantizar cerca de 100.000 millones de pesos para una obra definitiva que ponga fin a las recurrentes interrupciones del servicio en el principal puerto del Pacífico colombiano.