Colombia alcanza récord histórico de 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024

Colombia volvió a romper su propio récord en cultivos de hoja de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), durante 2024 el país alcanzó 261.000 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 3,5 % frente a las aproximadamente 253.000 hectáreas registradas en 2023. La cifra es aún más preocupante al observar la tendencia de los últimos cuatro años: desde 2021, cuando se contabilizaban alrededor de 204.000 hectáreas, la superficie destinada a este cultivo no ha dejado de crecer, consolidando la hoja de coca como el octavo cultivo con mayor área sembrada en el territorio nacional, por encima de productos tradicionales de la agricultura colombiana.

El informe de la Unodc también evidencia un patrón territorial bien definido: una proporción significativa de esos sembrados se concentra en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, especialmente en municipios del Pacífico, el sur del país y las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las causas estructurales detrás de una expansión que persiste a pesar de décadas de políticas orientadas a combatir el narcotráfico.

La caída drástica de la erradicación

Analistas consultados coinciden en que la respuesta no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una única decisión de política pública, sino a la confluencia de factores de seguridad, economía, presencia estatal y dinámicas internacionales del narcotráfico. Uno de los elementos con mayor incidencia es la disminución acelerada de la erradicación de cultivos ilícitos. Datos del Ministerio de Defensa muestran una caída significativa respecto a años de mayor intervención estatal: mientras en 2020 se erradicaron manualmente más de 130.000 hectáreas, en 2025 la cifra cayó a 8.051, y entre enero y mayo de 2026 apenas se registraban 3.593 hectáreas erradicadas, aunque esto representa un aumento frente al mismo período del año anterior.

Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente, identifica esta contracción como uno de los factores determinantes en el crecimiento de los sembrados. "La política asociada a la erradicación cayó de manera muy significativa. Eso expresa un problema estructural y tiene una incidencia directa sobre el crecimiento de los cultivos", señaló. Sin embargo, la reducción de la erradicación no obedece únicamente a decisiones recientes. La suspensión de la aspersión aérea con glifosato responde a una sentencia de la Corte Constitucional que se mantiene vigente desde años atrás, lo que ha limitado la efectividad de las operaciones de destrucción de cultivos ilícitos en comparación con décadas anteriores.

Control territorial y ausencia estatal

Aunque la erradicación es un factor relevante, expertos concuerdan en que por sí sola no alcanza para explicar el comportamiento de los cultivos de coca. El segundo elemento crucial tiene que ver con el fortalecimiento del control territorial ejercido por organizaciones armadas ilegales en el país. Según Rojas, una proporción importante de municipios donde hoy se concentra la coca corresponde a enclaves donde grupos ilegales no solo controlan la producción de drogas, sino también la vida cotidiana de las comunidades. "No gobiernan únicamente el negocio, gobiernan el territorio: imponen reglas, ejercen control sobre la población y generan condiciones para mantener activa toda la cadena del narcotráfico", sostiene.

Este dominio resulta más visible en territorios donde históricamente la presencia institucional ha sido limitada. Aunque los resguardos indígenas y los consejos comunitarios cuentan con formas propias de gobierno reconocidas constitucionalmente, expertos advierten que ello no implica que esas comunidades promuevan activamente los cultivos ilícitos. Por el contrario, la expansión de la coca refleja la ausencia de una presencia integral del Estado en esos territorios. "No es que las comunidades indígenas o afro tengan una política para sembrar coca. Lo que ocurre es que la ausencia del Estado permite que organizaciones ilegales ocupen esos espacios y consoliden actividades económicas ilícitas", afirma Rojas. Esta combinación de debilidad institucional, control armado y oportunidades económicas derivadas del narcotráfico internacional configura un entorno que favorece la expansión de estos cultivos en territorios que históricamente han permanecido en márgenes de la gobernanza estatal.