Corte Suprema condena a excongresista liberal por corrupción en la fase III de TransMilenio

La Corte Suprema de Justicia condenó a tres años de cárcel al excongresista liberal Germán Alonso Olano Becerra por su participación en irregularidades en la contratación de la fase III de TransMilenio para la Calle 26 en Bogotá. Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, el alto tribunal lo declaró penalmente responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, un fallo que se suma a los casos de corrupción derivados del conocido carrusel de la contratación en la capital.

Además de la pena privativa de la libertad, la Corte negó tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria. Los magistrados ordenaron "librar inmediatamente la orden de captura" para que Olano Becerra cumpla su sentencia. Sin embargo, debido a que el exrepresentante a la Cámara reside actualmente en Miami, Florida, la Corte incluyó una notificación roja de la Interpol para que las fuerzas del orden de 196 países lo localicen y detengan provisionalmente hasta que quede en poder de las autoridades colombianas.

Condena económica y orden de investigación

Además de la cárcel, el tribunal condenó a Olano Becerra a pagar 3.436 millones de pesos para responder por los daños materiales causados por sus acciones en esa obra clave para la movilidad de Bogotá. La Corte también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al contratista Miguel Eduardo Nule Velilla por presunta entrega de falso testimonio dentro del proceso.

Los hechos que condenaron al excongresista

Según la sentencia de 99 páginas, la participación de Olano en el escándalo de corrupción ocurrió en el segundo semestre de 2007, cuando se firmaron varios contratos irregulares en entidades del Distrito para la licitación de la fase III de TransMilenio. En esa ocasión, de los dos proponentes que participaron en el proceso, uno fue rechazado por exceder el presupuesto del proyecto, mientras que la empresa controlada por el Grupo Nule advirtió la posibilidad de que la licitación fuera declarada desierta por falta de requisitos.

Fue entonces cuando el contratista Miguel Eduardo Nule Velilla ubicó a Olano Becerra para que aprovechara su cercanía con el empresario Héctor Julio Gómez, quien tenía influencia en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), especialmente sobre Liliana Pardo, con el objetivo de salvar la licitación y sacar adelante el contrato. Conforme al documento, Nule Velilla habría acordado con el representante liberal y con Gómez la entrega de 3.500 millones de pesos para llevar a cabo ese negocio ilícito.

Casi dos décadas después de los hechos, la Corte Suprema logró condenar a una de las piezas clave detrás de este escándalo de corrupción que afectó a la capital colombiana. La sentencia representa un hito en la judicialización de casos del carrusel de la contratación, aunque el cumplimiento efectivo de la pena quedará condicionado a la localización y extradición del condenado desde Estados Unidos.