Corte Suprema condena al excongresista Germán Olano a 40 meses de prisión por carrusel de la contratación

La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Germán Olano a 40 meses y 15 días de prisión por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. El alto tribunal determinó que intervino de forma ilegal para favorecer la adjudicación del contrato 137 de 2007 correspondiente a la Fase III de TransMilenio por la calle 26, un caso que casi dos décadas después del escándalo continúa generando condenas y derivaciones penales.

Además de la condena privativa de la libertad, la Corte le impuso a Olano una indemnización de $3.436.759.367 al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una multa equivalente a 44,53 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 4 años y 28 días. El tribunal negó la suspensión condicional de la pena y cualquier beneficio de prisión domiciliaria, ordenando la captura inmediata.

Búsqueda internacional

Dado que Olano reside actualmente en Miami, Florida, en Estados Unidos, la sentencia incluyó una notificación roja de Interpol que permite a las autoridades de 196 países ubicarlo y detenerlo provisionalmente hasta su entrega a Colombia para cumplir la condena.

De acuerdo con la Corte, Olano fue hallado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Sala Especial de Primera Instancia estableció que su actuación fue determinante para permitir, de manera irregular, la adjudicación del contrato a favor del Grupo Nule, representado por la Unión Temporal Transvial, pese a que esa propuesta no cumplía requisitos básicos de la licitación, incluyendo el cupo de crédito exigido.

Rol de intermediario en sobornos

Según el fallo, Miguel Eduardo Nule Velilla contactó a Olano para aprovechar su cercanía con Héctor Gómez, un contratista con influencia en el IDU, particularmente sobre Liliana Pardo, exdirectora de esa entidad. El objetivo era salvar una licitación que estaba en riesgo de ser declarada desierta y sacar adelante el contrato. La sentencia reveló que Olano participó en reuniones donde se acordó el pago de un soborno de $1.750 millones para influir en la adjudicación, recursos que fueron entregados a través de contratos de obra simulados. Se estableció además que Nule Velilla habría pactado con Olano y con Gómez la entrega de $3.500 millones para ejecutar ese negocio ilícito.

Aunque durante el proceso Olano ya había aceptado responsabilidad por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, se declaró inocente del cargo de interés indebido en la celebración de contratos, por el cual fue finalmente condenado. La Corte señaló que aunque Olano no era el servidor público encargado de las funciones contractuales, concurrió junto a quienes las tenían para lograr su propósito criminal, violando principios fundamentales como igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad en la contratación estatal.

Derivaciones en la investigación

A raíz de esta sentencia, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Miguel Eduardo Nule Velilla por presunto delito de falso testimonio. Este fue uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento judicial.

El caso de Olano forma parte del mayor escándalo de corrupción en la historia de Bogotá, que involucró a funcionarios, contratistas, congresistas y empresarios durante la alcaldía de Samuel Moreno del Polo Democrático entre 2008 y 2010. Los hermanos Miguel, Manuel y Guido Nule fueron condenados en 2011 a 15 años de prisión por peculado después de ser acusados de falsificar documentos y pagar sobornos para adjudicarse contratos de construcción de la tercera fase de TransMilenio.

El proceso contra Olano aceleró en junio de 2010, cuando salió a la luz una grabación en la que Miguel Nule conversaba con el excongresista sobre coimas que debería pagar a Olano y a Miguel Ángel Moralesrussi, entonces contralor distrital. Ese audio detonó el escándalo que llevó a la apertura de procesos disciplinarios y penales contra múltiples implicados.

Con anticipación a esta condena penal, el 25 de febrero de 2011, la Procuraduría General destituyó de forma retroactiva a Olano e impuso una inhabilitación por 15 años por incremento injustificado de patrimonio, concusión y falta de presentación de declaración de bienes. Después de un recurso de su defensa, el entonces procurador Alejandro Ordóñez retiró el cargo por enriquecimiento injustificado y redujo la inhabilidad a 12 años.