Fiscalía acusa a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en títulos universitarios

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El organismo investigador considera que posee las pruebas suficientes para demostrar ante un juez que la acusada utilizó títulos académicos falsos como respaldo para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, lo que la llevará al banquillo de los acusados.

De acuerdo con la investigación, Guerrero obtuvo el título de Contaduría Pública en julio de 2025 sin haber asistido a clases ni presentado exámenes en la Fundación Universitaria San José. Adicionalmente, la joven nunca estuvo matriculada en dicha institución y no cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para recibir la titulación. Junto a este título, también falsificó un diploma en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

El cargue en el sistema de Función Pública

La Fiscalía estableció que el delito se perfeccionó cuando Guerrero cargó los documentos espurios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) a finales de agosto de 2025, con el propósito de respaldar su nombramiento como viceministra de Juventudes. El organismo investigador concluyó que la acusada actuó con conocimiento pleno de la falsedad de los títulos y que, aun así, decidió incorporarlos a su hoja de vida para engañar al servidor público nominador.

La investigación también incluyó a Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario de la Universidad Popular del Cesar hasta su destitución por parte de la junta directiva. Según la Fiscalía, Gutiérrez aprobó y firmó las resoluciones con las que se hizo pasar a Guerrero por profesional y tecnóloga, consignando en documentos auténticos hechos que no correspondían a la verdad. Por este motivo, enfrenta cargos por falsedad en documento público.

El contexto y reacciones

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre el caso, argumentando que no se le ha comprobado a Guerrero que no estudió en la Fundación Universitaria San José y que el asunto debe resolverse en el ámbito judicial. El mandatario señaló que Guerrero fungió únicamente como activista y asesora del Ministerio del Interior, y nunca como funcionaria viceministra, toda vez que la ley exige tener 25 años para ese cargo y ella tenía 21 años en ese momento. Petro también reconoció que fue un error exponerla públicamente en televisión, situación que derivó en rumores, ataques personales y amenazas de muerte contra la joven y su familia.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso avanza hacia la fase de juicio oral y público. Ahora corresponde al juzgado penal competente fijar fecha para las audiencias en las que se presentarán las pruebas de ambas partes, y eventualmente dictarse sentencia sobre los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en contra de Guerrero.