Fiscalía expone esquema de control en Lili Pink: polígrafos a empleados para detectar filtraciones

La Fiscalía General de la Nación expuso en audiencia un complejo esquema operativo en el que directivos de Lili Pink habría utilizado pruebas de polígrafo a sus empleados para identificar posibles infiltrados que entregaran información sobre operaciones irregulares a las autoridades. El hallazgo, presentado el 23 de julio de 2026, forma parte de la acusación contra ocho personas vinculadas a la compañía de ropa femenina, a quienes se imputa contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir.

Según el ente investigativo, esa estrategia de control sobre la información sensible de la red funcionaba en paralelo con otras prácticas fraudulentas: la alteración de etiquetas de mercancía para ocultar su verdadero origen y valor, irregularidades en registros aduaneros, y la utilización de empresas fachada para ingresar productos de contrabando al país.

Las cifras del caso

Los números que rodean la investigación evidencian la magnitud de la operación presuntamente irregular. La Fiscalía calcula un lavado de activos superior a $730 mil millones, un enriquicimiento ilícito de más de $430 mil millones y un contrabando estimado en $75 mil millones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha decomisado mercancía valorada en más de $54 mil millones.

Entre los elementos clave presentados en la audiencia estuvieron intercambios de mensajes atribuidos a Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Roxana Mendoza, gerente de recursos humanos. En uno de los diálogos, Abadi expresó la necesidad de identificar "gente mala" dentro de la empresa. Mendoza respondió señalando que ya habían conversado sobre realizar "poligrafías" a un grupo de trabajadores, con el objetivo de detectar quiénes podrían estar filtrando información sobre las operaciones de la compañía.

Instrucciones cifradas y restricción de información

Las conversaciones revelan un patrón de instrucciones precisas sobre cómo compartimentalizar la información. En uno de los diálogos, Abadi advirtió: "No pierdan la plata ni el tiempo. Tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no". En otro intercambio, enfatizó sobre los contenedores de mercancía: "El mínimo de gente tiene que saber. Tiene que saber el mínimo, mínimo". Mendoza coincidió, añadiendo que ni siquiera el personal de seguridad debería enterarse de los ingresos de mercancía, según la conversación presentada.

La Fiscalía argumenta que estas prácticas de vigilancia interna formaban parte de una estrategia integral para proteger una red que operaba mediante fraude aduanero. El mecanismo de la "doble marquilla", expuesto en la audiencia, consistía en alterar o reemplazar etiquetas originales de prendas importadas para ocultar su verdadero origen, destino y valor comercial, facilitando el ingreso de contenedores de forma fraudulenta y la evasión de tributos aduaneros.

Los ocho empresarios y representantes de sociedades procesados rechazaron los cargos formulados por el ente acusador. La investigación continúa en curso, y las autoridades mantienen abierta la línea de pesquisa sobre la estructura de empresas fachada utilizadas para lavar dinero proveniente de las operaciones de contrabando.