Fiscalía revela nuevo material probatorio en caso de presunta corrupción contra Miguel Quintero en Medellín

La Fiscalía ha recopilado abundante material probatorio en la investigación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, en el que se le señala de haber liderado una presunta red de corrupción que habría operado dentro de entidades públicas de la ciudad. Según las autoridades, Quintero habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos e interés indebido en la celebración de contratos e interés indebido en la celebración de contratos, principalmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La investigación busca establecer si el alcalde en ese momento, hermano de Miguel Quintero, autorizó que este último tomara control de esas entidades y ordenara las contrataciones. Ambos han negado públicamente los señalamientos y denunciado una posible persecución política. Sin embargo, los testimonios recolectados por la Fiscalía indican que Quintero no solo habría dirigido los procesos contractuales, sino que también habría cobrado millonarias coimas a empresarios a cambio de proyectos y obras en el Valle de Aburrá.

Chats y órdenes directas de contratación

El material probatorio incluye conversaciones de WhatsApp que revelan cómo Miguel Quintero emitía órdenes de personal a través de un grupo de chat. En estos mensajes participaban Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, y Jorge Liévano, exgerente de Metroparques. Los registros muestran que Villada materializaba las instrucciones de Quintero de manera sistemática. Por ejemplo, el 13 de febrero de 2020, apenas 44 días después de la posesión del alcalde, Quintero compartió la hoja de vida de una mujer para 'planeación', y Villada respondió sin objeciones confirmando que tenía estudios y experiencia.

En otro intercambio del 21 de febrero de 2020, Villada consultó a Quintero sobre si debía contratar a una profesional que tenía 'engavetada'. La comunicación evidencia que Quintero tenía injerencia decisiva en todas las contrataciones. El 25 de febrero del mismo año, Villada le envió fotografías de documentos listos para firmar entre el Área Metropolitana y contratistas, reportándole el estado de los trámites. El 15 de marzo, Quintero instruyó la contratación de otra mujer para prestación de servicios, y Villada aceptó inmediatamente: 'OK. De una. Mañana la patinamos'.

Investigación por cobro de coimas y bienes adquiridos

La Fiscalía también investiga un segundo eje delictivo: el presunto cobro de coimas a empresarios para acceder a contrataciones y obras en Medellín. De acuerdo con la investigación, Quintero habría recibido dinero en efectivo, automotores e inmuebles en el Valle de Aburrá. Los registros del chat de WhatsApp incluyen evidencia de estas transacciones. El 20 de mayo de 2020, Quintero anunció a sus interlocutores una 'minifiesta' en la que inauguraba un nuevo apartamento, invitando a Villada y Liévano. Un año después, el 11 de febrero de 2021, compartió un video mostrando otro apartamento que acababa de adquirir, describiéndolo como un lugar para descansar cuando estuviera en la zona.

Entre los contratos bajo investigación destaca el celebrado entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en el que se sospecha de presunto desvío de recursos públicos y cobro de comisiones por favorecimientos en la adjudicación. Por estos hechos, serán imputados Miguel Quintero, Álvaro Villada, la contratista Vanessa Álvarez y Sebastián de Jesús Ortega, identificado como un particular que habría participado en la operación ilegal.

Próximos pasos y riesgos en el proceso

La audiencia de imputación de cargos está programada para el 10 de septiembre a las 2:30 de la tarde. Tanto la Fiscalía como la Alcaldía de Medellín, que actúa como víctima en el expediente, solicitarán que Miguel Quintero y sus aliados sean enviados a prisión por presunto alto riesgo de interferencia en las investigaciones. Preocupa entre los fiscales que los testigos clave del proceso no cuentan con protección estatal, a pesar de haber recibido amenazas e intimidaciones en los últimos meses para alterar sus declaraciones. Se conoció que se solicitó a la Unidad Nacional de Protección una medida especial, pero la administración la negó.

El proceso ha enfrentado tres aplazamientos consecutivos de las audiencias de imputación, lo que ha generado dudas sobre una posible estrategia de dilatación. El alcalde Federico Gutiérrez manifestó su preocupación públicamente sobre los retrasos: 'Van tres aplazamientos; han dilatado tanto este proceso que hemos acudido ante la justicia para que investiguen qué está pasando. Para robarse a Medellín no necesitaron aplazamientos. Les llegó la hora'. Noticias Jamundí intentó contactar a Miguel Quintero para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible localizarlo.