Gobierno de De la Espriella enfrenta desafío de seguridad sin precedentes: criminalidad armada se duplicó en municipios afectados

El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta uno de los mayores desafíos de seguridad en la historia reciente de Colombia: recuperar el control territorial en un país donde la criminalidad armada se ha expandido exponencialmente. En poco más de una década, la presencia de grupos armados organizados pasó de 195 municipios en 2019 a más de 410 en 2025, mientras que los ingresos de las economías criminales por narcotráfico y minería ilegal se multiplicaron entre 5 y 5,5 veces. Esta situación ha obligado al nuevo mandatario a abandonar la estrategia de 'paz total' de su predecesor Gustavo Petro e implementar una campaña agresiva, respaldada militarmente, que incluye cooperación intensiva con Estados Unidos.

La transformación política fue radical. Mientras Petro buscaba negociaciones con grupos criminales armados y adoptaba una posición permisiva frente al cultivo de coca, De la Espriella reorientó el país hacia una confrontación directa contra organizaciones terroristas y criminales, incluyendo la erradicación forzosa de cultivos de coca y el restablecimiento de la aspersión aérea. En este giro, el Gobierno colombiano se integró al 'Escuedo de las Américas' liderado por Washington y a la 'Coalición de las Américas contra los Cárteles', obteniendo del Gobierno de Estados Unidos una promesa de asistencia por hasta USD 1.000 millones.

El quiebre después de los acuerdos de 2016

El deterioro de la seguridad en Colombia tiene sus raíces en los acuerdos suscritos con las FARC en 2016. Aunque la desmovilización incorporó a 13.000 combatientes, los beneficios no fueron duraderos. Muchos miembros de las FARC se trasladaron a organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fortaleciendo esta guerrilla, mientras que otros se negaron a desmovilizarse. Líderes históricos como Iván Márquez y Jesús Santrich, que inicialmente aceptaron los beneficios, retornaron a actividades criminales y renunciaron a los acuerdos, formando la Segunda Marquetalia.

Simultáneamente, combatientes desmovilizados que no encontraron oportunidades en la economía legal se reincorporaron a grupos criminales como el Clan del Golfo (antiguamente conocido como Urabeños). El efecto agregado fue una redistribución de fuerzas entre organizaciones armadas sin reducción real de efectivos, sino una expansión de la violencia acompañada de fragmentación e incertidumbre. Cuando la pandemia de COVID-19 limitó la presencia estatal y las oportunidades económicas legales, la administración Petro reforzó estas dinámicas con su política de 'paz total', que restringió el empleo de las Fuerzas Armadas, permitiendo que los grupos criminales consolidaran control territorial a mayor velocidad.

La explosión de ingresos criminales

Los números detrás de la crisis de seguridad revelan una economía criminal sin precedentes. El cultivo de coca se disparó de 96.000 hectáreas en 2015 a 261.000 en 2024, según registros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta expansión, combinada con mejoras genéticas en las plantas y mayor densidad de cultivo, generó ganancias extraordinarias para grupos armados. De acuerdo con análisis especializados, los ingresos por cocaína de organizaciones criminales radicadas en Colombia pasaron de USD 3.000 millones aproximadamente en 2014 a USD 16.500 millones en 2024, una multiplicación de 5,5 veces.

A esta explosión de ingresos por narcotráfico se sumó la minería ilegal. Los ingresos de esta actividad delictiva aumentaron de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones anuales en 2015 a USD 8.400 millones en 2025. El crecimiento fue impulsado por la reducción del control estatal sobre territorios, el aumento de minería criminal desde Venezuela y la subida de precios internacionales del oro. Adicionalmente, el desplazamiento de 2,8 millones de venezolanos hacia Colombia, junto con millones más en tránsito, amplificó las oportunidades de ingresos ilícitos por contrabando, extorsión y explotación, aprovechadas por grupos como el Tren de Aragua.

Violencia extrema en departamentos estratégicos

El resultado de estas dinámicas es una fragmentación territorial donde varios departamentos viven guerras separadas, aunque interconectadas, por el dominio de economías criminales. En Guaviare, el departamento más violento del país con 120 homicidios por cada 100.000 habitantes, el 85 por ciento de los crímenes está vinculado a la lucha entre el bloque Amazonas de disidencias de las FARC y el Estado Mayor de Bloques y Frentes. San Andrés, con 66 homicidios por 100.000 habitantes, enfrenta confrontación entre facciones del Clan del Golfo y La Fortaleza por rutas de tráfico. Cauca, con 54 homicidios por 100.000 habitantes, experimenta violencia entre disidencias del Estado Mayor Central del ELN y otros grupos.

Valle del Cauca, con 53 homicidios por cada 100.000 habitantes, también registra enfrentamientos entre múltiples disidencias y bandas criminales. Según autoridades colombianas, delitos como extorsión relacionada con secuestros casi se triplicaron entre 2015 y 2025, los hurtos denunciados casi se duplicaron y los homicidios aumentaron 11 por ciento en el mismo período. El reto que enfrenta De la Espriella es recuperar presencia estatal y capacidad operativa en estas zonas, sin contar con unas Fuerzas Armadas cuyas capacidades se deterioraron notablemente durante la administración anterior.

El camino hacia la estabilización de Colombia estará marcado por riesgos significativos: expansión de la violencia, fragmentación adicional del escenario criminal, polarización política interna y disputas legales paralizantes. Sin embargo, la cooperación con Estados Unidos y socios internacionales abre nuevas posibilidades para ejecutar operaciones militares coordinadas contra grupos terroristas. El Gobierno tiene la capacidad institucional para reimponer orden, pero el proceso será largo y complejo, requiriendo sincronización entre operaciones de seguridad, reconstrucción de autoridad estatal y control territorial sostenido.