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Gobierno Petro presenta ocho proyectos de ley en su último mes: reforma tributaria y salud lideran la ofensiva legislativa

El gabinete presidencial radicó ocho iniciativas legislativas que buscan recaudar $22 billones y consolidar banderas del gobierno. Reforma tributaria, salud, jurisdicción agraria y ley contra fracking encabezan la lista.

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MMauro Rodríguez5 min de lectura
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Gobierno Petro presenta ocho proyectos de ley en su último mes: reforma tributaria y salud lideran la ofensiva legislativa

En su recta final, el gobierno de Gustavo Petro lanzó una última ofensiva legislativa con ocho proyectos de ley que representan tanto un intento de rescatar banderas de su programa como un contrapeso a la agenda del presidente electo Abelardo De La Espriella. La presentación, encabezada por el ministro de Hacienda Germán Ávila el martes 21 de julio, reúne iniciativas que buscaron aprobación sin éxito en legislaturas pasadas junto a nuevas propuestas que pretenden dejar un legado en temas claves para la administración saliente.

Puntos clave

• El gobierno saliente de Gustavo Petro presentó ocho proyectos de ley con menos de un mes para concluir su mandato, liderados por el ministro de Hacienda Germán Ávila

• La reforma tributaria busca recaudar cerca de $22 billones de pesos para reducir el déficit fiscal y salvar programas sociales, enfrentando la propuesta opuesta del próximo presidente Abelardo De La Espriella

• Incluye iniciativas que fracasaron en legislaturas anteriores (reforma a la salud, jurisdicción agraria, ley contra fracking) y nuevas propuestas como regulación de IA y educación superior como derecho fundamental

• El Pacto Histórico tendrá que buscar alianzas en un Congreso mayoritario con el nuevo presidente, lo que complica la aprobación de estas medidas

Aunque el Pacto Histórico mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, la tarea no será sencilla. Con menos de un mes para concluir el mandato actual, el gobierno necesitará acelerar los trámites legislativos y negociar alianzas en un legislativo que, según analistas políticos, parece estar orientado hacia las mayorías que respaldan al próximo ejecutivo. Desde el gabinete hay optimismo respecto a que prosperen las iniciativas, pero la realidad legislativa sugiere que el camino será cuesta arriba.

La tributaria: cuarto intento en busca de $22 billones

La reforma tributaria es quizás la iniciativa más crítica para el gobierno saliente. Es la cuarta vez que se presenta ante el Congreso durante esta administración. La primera, en 2022, fue aprobada y recaudó cerca de $20 billones anuales al gravar a personas de altos ingresos y sectores extractivistas. Sin embargo, los intentos posteriores no tuvieron la misma suerte: fue archivada a finales de 2025 y nuevamente a inicios de 2026. Incluso cuando el gobierno intentó sortear el rechazo legislativo mediante decretos de emergencia económica en diciembre pasado, la Corte Constitucional tumbó esas medidas en abril.

Ahora el ejecutivo insiste con un proyecto que buscaría recaudar casi $22 billones de pesos. El objetivo es claro: salvar varios programas y entidades creadas durante estos cuatro años, reducir el déficit fiscal y evitar que el próximo gobierno tenga que recortar el Estado como prometió en campaña. La propuesta incluye aumentar tributos a personas naturales de altos ingresos, incrementar impuestos a sectores con rentas extraordinarias, crear nuevos gravámenes ambientales dirigidos a actividades contaminantes y extractivas, ampliar impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal otorgando mayores facultades a la DIAN.

La respuesta del próximo gobierno ya está anunciada: una contra reforma tributaria que buscará reducir impuestos y eliminar algunos beneficiarios del recaudo actual. De aprobarse la iniciativa del gobierno saliente, De La Espriella no tendría las herramientas fiscales que necesita para ejecutar su promesa de contracción estatal.

Salud, jurisdicción agraria y fracking: batallas legislativas pendientes

La reforma a la salud llega a su tercer intento. Prosperó en la Cámara en 2023, pero fue archivada por la Comisión Séptima del Senado en abril de 2024 y nuevamente a finales de 2025. Siendo uno de los pilares de la campaña de Petro, el gobierno seguirá peleando por ella. La propuesta busca que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) administre directamente los recursos y los gire a prestadores, reduciendo significativamente el rol financiero de las EPS, que se limitarían a la atención. También plantea fortalecer la atención primaria mediante Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) para un enfoque preventivo. Críticos advierten que podría desfinanciar tratamientos de enfermedades graves y huérfanas.

La jurisdicción agraria también regresa al Congreso. En 2023 se aprobó la reforma constitucional que la creó, cumpliendo un compromiso de los Acuerdos de Paz de 2016. Sin embargo, la ley estatutaria y ordinaria necesarias para operacionalizarla quedaron en los últimos debates del legislativo anterior sin aprobarse. Ahora iniciará nuevamente su trámite, pero es probable que sin la urgencia que le dio el gobierno actual, lo que podría ralentizar su proceso y exponerla a un nuevo hundimiento.

La ley contra el fracking, por su parte, va en su quinto intento. Desde 2022 se ha radicado en cada legislatura sin prosperar, aunque en algunas ocasiones pasó primer debate. Esta es la última oportunidad durante el gobierno actual, en directo contrapunto con la promesa de campaña de De La Espriella de permitir la fracturación hidráulica. La iniciativa busca prohibir definitivamente la exportación y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking y otros métodos no convencionales, protegiendo recursos hídricos y ecosistemas mientras avanza la transición energética.

Nuevas propuestas para dejar legado

Más allá de los proyectos rezagados, el gobierno también radicó cuatro iniciativas nuevas. La ley de gestión comunitaria del agua busca fortalecer acueductos comunitarios reconociéndolos como actores fundamentales en la administración del recurso hídrico. La regulación ética de la inteligencia artificial establecería un marco legal para el desarrollo e implementación de sistemas de IA con énfasis en derechos fundamentales, principios de transparencia, supervisión humana y no discriminación. El reconocimiento de la educación superior como derecho fundamental es la primera vez que se presenta en este gobierno; de aprobarse, obligaría al Estado a garantizar progresivamente acceso, permanencia y culminación en condiciones de igualdad. Finalmente, el Estatuto del Trabajo y Salario Vital busca desarrollar un artículo de la Constitución desde 1991 sin reglamentación, estableciendo principios para relaciones laborales e incorporando el concepto de remuneración suficiente para satisfacer necesidades básicas.

La próxima semana será determinante. El gobierno contra reloj deberá lograr que estos ocho proyectos avancen en un Congreso que, pese a la mayoría formal del Pacto Histórico, parece estar reorientándose hacia las prioridades del entrante gobierno De La Espriella. El tiempo apremia y las alianzas serán cruciales para que alguna de estas iniciativas logre consolidarse antes del cambio de administración.

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Etiquetas:#Judiciales#NoticiasJamundí
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Autor

Mauro Rodríguez

Equipo editorial de Noticias Jamundí. Información local, regional y nacional verificada para Jamundí, el Valle del Cauca y Colombia.

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