Jamundí, el primer gran reto de seguridad para el gobierno de Abelardo De La Espriella

La zona rural alta de Jamundí funciona, en la práctica, bajo reglas paralelas impuestas por las disidencias de Iván Mordisco. A menos de 30 minutos de Cali, la tercera ciudad más importante del país, este municipio del sur del Valle del Cauca se ha convertido en lo que autoridades y organizaciones de derechos humanos describen como una 'república independiente' donde el Frente Jaime Martínez administra casi por completo la vida civil, militar y económica de la población.

Un indicador revelador de esta realidad es que los residentes de la zona terminan portando dos cédulas: la expedida legalmente por la Registraduría Nacional y otra documento emitido por la estructura armada, que en la práctica funciona como el verdadero salvoconducto para moverse, trabajar o simplemente sobrevivir en el territorio. Así, el monopolio de la autoridad del Estado colombiano se ha desvanecido casi por completo en esta franja del país.

Control territorial sofisticado

Más allá del dominio político y administrativo, las disidencias han desplegado capacidades militares cada vez más complejas en Jamundí. Investigaciones documentadas en los últimos años han revelado la existencia de campamentos de entrenamiento en manejo de drones ubicados entre la zona rural y el Naya, donde los combatientes aprenden a operar estos artefactos con fines ofensivos. Esa capacidad no se quedó en la teoría: desde abril de 2024 se han contabilizado cerca de 98 granadas lanzadas desde drones contra subestaciones eléctricas como las de Potrerito y Robles, así como contra unidades militares de la Tercera Brigada. Las autoridades también han hallado lanzamisiles en poder de la estructura, capaces de derribar aeronaves.

Según Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, los ataques han evolucionado reflejando dinámicas similares a conflictos internacionales. La táctica se ha vuelto cada vez más coordinada: es común que lancen ataques 'en enjambre', utilizando de manera simultánea entre cinco y ocho drones contra las unidades policiales y militares desplegadas en la zona.

Economía ilegal y rutas del narcotráfico

La región representa un enclave estratégico para el narcotráfico. Se calcula que entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca existen más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, un corredor logístico que conecta Jamundí con municipios como Buenos Aires en el Cauca. Las disidencias no dependen únicamente de estos cultivos: según Londoño, el Estado Mayor Central se ha diversificado hacia minería ilegal, extorsión, secuestro y contrabando, lo que le ha permitido multiplicar sus fuentes de financiamiento y capacidad de daño.

En la zona se han documentado peajes ilegales en vías construidas por la estructura armada, donde se cobra alrededor de 700.000 pesos por persona para permitir el paso, bajo la amenaza explícita de muerte. Además, la zona funciona como corredor para el traslado de menores reclutados de manera forzada, quienes son hospedados en hoteles antes de ser enviados hacia otras regiones. También existe lo que se describe como una 'zona de distensión' donde se retienen secuestrados en condiciones que buscan garantizar su 'conservación' mientras se negocian los pagos por liberación.

Un reto de dimensión estatal

La recuperación de Jamundí se perfila como una de las pruebas más exigentes para el gobierno de Abelardo De La Espriella, quien fue proclamado presidente electo el pasado 24 de junio y asumirá el poder el 7 de agosto. Durante su campaña, De La Espriella construyó buena parte de su discurso en torno a la promesa de 'recuperar la autoridad del Estado' en territorios copados por grupos armados ilegales, anunciando que su gobierno no dará continuidad a procesos de negociación con estructuras como el Estado Mayor Central.

Sin embargo, la envergadura del desafío es considerable. El desmantelamiento del control paralelo en Jamundí no se trata solo de desplegar más pie de fuerza o de ejecutar operativos puntuales. Implica desmontar un entramado complejo de poder que ha logrado sustituir casi por completo al Estado colombiano en materia de justicia, movilidad, seguridad y control social. Las fuerzas armadas mantienen un esfuerzo continuo en la zona, pero según Londoño, estos cuatro años han representado un fortalecimiento de las estructuras disidentes. Cálculos del Ministerio de Defensa hablan de más de 27.000 hombres en armas en todo el país, el doble de hace cuatro años.

Desde comienzos de 2024, la Gobernación del Valle impulsó gestiones para lograr la instalación de una base militar permanente en la zona rural alta de Jamundí, territorio que en el pasado contó con presencia del Ministerio de Defensa. El objetivo no era solo recuperar el control territorial, sino fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública. El Gobierno entrante heredará este esfuerzo inconcluso, con la tarea de demostrar que puede restablecer la autoridad estatal en municipios que, geográficamente cercanos a centros urbanos importantes, operan bajo lógicas de conflicto armado de alta complejidad.