Juez desestima reabrir investigación contra Ricardo Roa por contratos de helicópteros en Ecopetrol

Un juzgado de Bogotá rechazó reabrir la investigación penal contra Ricardo Roa en relación con los contratos de helicópteros suscritos por Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa. La determinación del Juzgado 65 Penal Municipal, con función de control de garantías, mantiene archivado el caso tras una audiencia de dos días, en la cual se concluyó que no aparecieron hechos nuevos ni pruebas con peso suficiente para justificar el desarchivo.

La decisión deja vigente el archivo ordenado por la Fiscalía el 22 de agosto de 2025. El despacho judicial respaldó el cierre de la investigación por "atipicidad", argumentando que las conductas denunciadas no encajaban en ningún delito, y descartó que la nueva solicitud hubiera aportado evidencia material o física capaz de modificar esa conclusión.

El origen de la denuncia

La investigación fue promovida por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), que solicitó investigar a Roa, funcionarios de Ecopetrol y personas vinculadas con Helistar por presunto concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia. La empresa sostuvo que durante años las condiciones de las licitaciones de servicios aéreos habrían beneficiado a su competidora directa, restringiendo así la libre competencia en el sector.

Helicol basó su principal argumento para solicitar el desarchivo en hallazgos de una investigación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) entre 2023 y 2024. Ese proceso revisó contrataciones de Ecopetrol y sus filiales entre 2011 y 2023, y cuestionó cambios en requisitos sobre antigüedad de aeronaves y disponibilidad inmediata de helicópteros que podrían haber limitado el ingreso de competidores. La SIC también examinó conversaciones internas de funcionarios de Cenit en las que se hacía referencia a un "speech de seguridad" y advertencias de que ciertas exigencias podían dejar "solo un oferente".

Sin embargo, la investigación administrativa de la SIC no estableció una coordinación ilícita entre Ecopetrol y Helistar. La Delegatura para la Protección de la Competencia recomendó archivar el proceso contra la compañía y sus directivos al considerar que no había pruebas suficientes de un esquema ilegal o de una conexión directa con la petrolera.

Argumentos presentados en la audiencia

Durante la diligencia de dos días, la Fiscalía y las defensas insistieron en que la información utilizada por Helicol ya había sido conocida y valorada dentro de la indagación penal. Según las autoridades, varios de los soportes presentados correspondían a recortes de prensa sin valor probatorio autónomo y sin una cadena de custodia clara. El abogado Juan Manuel Valcárcel, apoderado de la contraparte, afirmó que el denunciante no llevó elementos nuevos ni ante el juez ni ante la Fiscalía.

La Fiscalía defendió que no existió omisión en la verificación de los hechos. Según la entidad, el archivo del 22 de agosto de 2025 se basó en "un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación" y en la constatación de que la conducta denunciada no reunía los requisitos del tipo penal.

Por su parte, Helicol cuestionó el estándar aplicado por la Fiscalía. A través de su representante, el abogado Julián Quintana, la empresa argumentó que la entidad hizo valoraciones propias de una decisión de fondo y exigió en la práctica que la víctima demostrara la responsabilidad penal. Helicol sostiene que fue una de las afectadas por las condiciones de contratación, que realizó inversiones para competir por esos contratos y que no logró acceder a ellos, lo cual afectó su estabilidad financiera y contribuyó a su proceso de reorganización empresarial.

El camino hacia los tribunales superiores

Helicol y la Procuraduría apelaron la decisión, de modo que el caso pasará a los jueces penales del circuito de Bogotá. El camino hasta la audiencia del Juzgado 65 estuvo marcado por demoras. Después del archivo inicial, Helicol promovió una tutela porque su petición llevaba meses sin respuesta. El Juzgado 49 Penal del Circuito ordenó programar la diligencia, pero la cita fue aplazada en seis ocasiones entre febrero y mayo de 2026 por la inasistencia de alguna de las partes.

Ricardo Roa, quien dejó la presidencia de Ecopetrol tras la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, enfrenta además otros dos procesos: uno por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y otro por la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente.