Ministro de Minas critica silencio del Gobierno entrante tras muerte de colombiano en operativo de ICE en Estados Unidos

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una fuerte crítica pública desde Cali al gobierno entrante de la administración De la Espriella, cuestionando el silencio de autoridades nacionales, regionales y del presidente electo frente al asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano que murió en un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Maine. Durante un encuentro de asociatividad minero-energética en la capital del Valle del Cauca, Palma señaló que la falta de pronunciamientos constituye complicidad y exigió priorizar los derechos humanos por encima de cualquier interés diplomático o político.

"Nadie ha levantado la voz por la vida de Joan Guerrero. Ese silencio no es neutral; es un silencio cómplice. No se puede guardar silencio para no incomodar al presidente Donald Trump mientras un colombiano es asesinado. Nosotros siempre estaremos del lado de la vida y de la dignidad de nuestros compatriotas, dondequiera que se encuentren", afirmó el ministro en su intervención ante organizaciones sociales reunidas en la ciudad.

Los cuestionamientos del funcionario

Palma no solo criticó la ausencia de pronunciamientos del ejecutivo nacional, sino que específicamente cuestionó la falta de declaraciones de dirigentes de Santander, incluyendo al gobernador y a figuras políticas del departamento. Enfatizó que la defensa de la ciudadanía debe estar por encima de afinidades políticas o conveniencias internacionales. "La vida no tiene color político y jamás debe sacrificarse por conveniencias diplomáticas", reiteró el funcionario, quien hizo un llamado a garantizar justicia, verdad y reparación en el caso. Añadió que "nos esperan tiempos difíciles, pero no vamos a renunciar a defender la vida, la democracia y la transición energética".

Quién era Joan Sebastián Durán Guerrero

Joan Sebastián Durán Guerrero tenía 26 años y era originario de Bucaramanga, Santander. Residía en Biddeford, Maine, junto a su esposa e hija de tres años. Contaba con permisos legales de trabajo y número de Seguro Social, de acuerdo con confirmación de autoridades migratorias estadounidenses. El joven trabajaba como repartidor y colaboraba en una clínica veterinaria. El lunes 13 de julio, aproximadamente a las 7:00 a. m., salió de su casa rumbo a su empleo y minutos después fue asesinado tras recibir disparos durante un procedimiento atribuido a agentes de ICE.

Testimonios de conocidos describen a Durán Guerrero como "una excelente persona, un buen padre, buen esposo y trabajador". La comunidad local en Maine expresó su conmoción ante los hechos. Allegados del joven insistieron en desmentir especulaciones sobre su condición legal o antecedentes penales: "No era un mal muchacho, ni lo que especulan de que era un criminal o tenía orden de deportación. Eso es totalmente mentira", aseguró uno de sus cercanos.

La investigación y gestiones diplomáticas

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense indicó que el agente disparó "temiendo por la seguridad pública", aunque no ha divulgado detalles específicos sobre la causa del operativo. Según información de la oficina del senador de Maine, Angus King, Durán Guerrero no era el objetivo principal del procedimiento. El Gobierno colombiano, a través de su embajada en Washington, solicitó una investigación "exhaustiva e inmediata" al Departamento de Seguridad Nacional sobre las circunstancias de la muerte. Entretanto, la familia del joven inició gestiones para repatriar su cuerpo a Colombia.

La muerte de Durán Guerrero generó consternación en la comunidad migrante de Maine, donde era conocido como un hombre reservado y dedicado a su familia y trabajo. Vecinos narraron la escena posterior al tiroteo, donde la pareja e hija de la víctima presenciaron los hechos. "Solo pedimos justicia para su familia. Fue duro ver a su esposa sentada ahí, simplemente llorando y gritando", relató un vecino a medios locales. El caso ha evidenciado la vulnerabilidad de migrantes colombianos en Estados Unidos y ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar protección de derechos humanos en operativos de autoridades migratorias.