Ocho directivos de Lili Pink imputados por contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir

La Fiscalía General imputó cargos este martes a ocho directivos vinculados a Lili Pink, incluido su cofundador Max Abadi, acusándolos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la audiencia de imputación y petición de medida de aseguramiento, el ente investigador solicitó que los procesados sean privados de la libertad en centro carcelario.

La fiscal Alejandra Gómez, a cargo del caso, explicó que los investigados presuntamente actuaban de manera coordinada para cometer delitos de contrabando, introduciendo mercancía extranjera al territorio nacional. De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente comercializaban esta mercancía, lo que materializaba el delito de lavado de activos y generaba incremento patrimonial ilícito.

Estructura de fachadas comerciales

Según las investigaciones, la red utilizada por los directivos se valía de empresas y sociedades comerciales como cortina para legalizar recursos obtenidos ilegalmente. La Fiscalía determinó que varias de estas sociedades reportaban domicilios inexistentes, ubicados en lotes baldíos o viviendas residenciales sin relación alguna con la actividad económica que supuestamente desarrollaban, lo que sugiere un esquema de simulación comercial.

"Se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional", afirmó la fiscal Gómez durante la diligencia.

Defensa de la marca

Lili Pink ha rechazado las acusaciones a través de un comunicado oficial. La compañía enfatizó que, aunque está vinculada a procesos de investigación en materia penal y de extinción de dominio, a la fecha no existe sentencia judicial en firme que establezca responsabilidad alguna. Asimismo, precisó que se encuentran cuestionando las actuaciones administrativas ante la jurisdicción competente.

La empresa también se refirió específicamente a los señalamientos de contrabando, negando que exista declaratoria judicial que los confirme. "Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados", puntualiza el comunicado de la marca de moda colombiana, que cuestiona la versión de las autoridades sobre supuestas operaciones ilícitas.

El caso continúa en etapa de investigación. Las próximas audiencias determinarán si los acusados serán enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial, así como si la evidencia presentada por la Fiscalía prospera en las fases subsiguientes del litigio.