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Descubre más →Pastor Alape responde a críticas del presidente electo sobre viaje de Timochenko a España
El coordinador de implementación del Acuerdo de Paz por Comunes reafirmó el compromiso con la institucionalidad surgida en 2016, en respuesta a los cuestionamientos del mandatario electo sobre el permiso otorgado a Rodrigo Londoño para viaj

Pastor Alape, coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de Comunes, se pronunció públicamente para responder a las críticas que formuló el presidente electo Abelardo de la Espriella contra la política de Paz Total y los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de 2016. El dirigente exguerrillero aseguró que las declaraciones del futuro mandatario "no van a doblegarnos" y reafirmó que los firmantes mantendrán su respaldo a la institucionalidad surgida de las negociaciones.
Puntos clave
• Pastor Alape rechazó las críticas de Abelardo de la Espriella y reafirmó el compromiso de los firmantes del Acuerdo de Paz con la institucionalidad de 2016
• El presidente electo cuestionó el permiso de la JEP para que Timochenko viajara a España y anunció medidas drásticas contra líderes de las Farc una vez asuma el cargo
• De la Espriella anunció la eliminación de la figura del Comisionado de Paz y ordenó desmontar lo que califica como 'impunidad camuflada' en procesos de paz
Las tensiones se intensificaron tras el viaje de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a España, autorizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De la Espriella calificó de "bandido" al exjefe de las Farc-EP y afirmó que "debe estar preso de por vida", criticando lo que denominó como un "salvoconducto" que facilita su circulación internacional mientras, según su perspectiva, permanecen impunes los crímenes de guerra atribuidos a la organización guerrillera.
El compromiso ético con la paz
Alape argumentó que las expresiones del presidente electo evocan "episodios de confrontación y estigmatización" vividos durante el conflicto armado, pero enfatizó que estas no modificarán el compromiso adquirido. "Aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en 2016, a los que nos comprometimos. Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, que tenemos que asegurarles de que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país", declaró el vocero de Comunes.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Alape también exigió garantías para quienes han cumplido con los compromisos del Acuerdo y pidió que cese la violencia contra los firmantes. Su pronunciamiento se alinea con el de otros antiguos comandantes de las Farc-EP como Julián Gallo y Rodrigo Londoño, quienes también han rechazado públicamente las posturas anunciadas por De la Espriella.
Medidas anunciadas por el presidente electo
De la Espriella, durante su tercera alocución como presidente electo, anunció una serie de acciones que implementará una vez asuma el cargo el 7 de agosto. Entre las principales medidas figuran la eliminación de la figura del Comisionado de Paz y órdenes diretas a los funcionarios designados en seguridad, justicia e interior para desmontar lo que califica como "impunidad camuflada en los esfuerzos de paz". El mandatario electo indicó que no habrá "más procesos de falsa paz" durante su administración.
El futuro gobierno también planteó posibles medidas restrictivas contra los antiguos líderes de las Farc-EP identificados como Rodrigo Londoño y Julián Gallo. Según De la Espriella, "los principales responsables de los crímenes cometidos por esa organización guerrillera no han recibido las sanciones que corresponden", razón por la cual sus equipos de seguridad y justicia actuarán "de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley".
La confrontación de posturas refleja una ruptura sustancial en el enfoque que ha caracterizado la administración actual frente a los procesos de paz y la implementación del Acuerdo de 2016. Mientras que Comunes insiste en que la continuidad de estos compromisos es fundamental para garantizar la no repetición de la guerra, la administración entrante plantea un giro drástico en la política de justicia transicional que se ha desarrollado en los últimos años.

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