Procuraduría extiende suspensión de 10 funcionarios del Inpec por fiesta de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de diez funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que son investigados por las irregularidades que permitieron el ingreso del cantante Nelson Velásquez y su banda a una fiesta realizada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí. La medida, que comenzó a regir desde el 17 de julio, permanecerá vigente hasta octubre de 2026.

El organismo de control justificó la decisión argumentando que persisten riesgos para el desarrollo de la investigación disciplinaria. Según la Procuraduría, el eventual regreso de los funcionarios a sus cargos podría afectar la recolección de pruebas y el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el 8 de abril de 2026, cuando el artista se presentó en el penal en un evento que quedó registrado en videos y fotografías difundidas posteriormente en redes sociales.

Quiénes son los investigados

La suspensión provisional cobija a un grupo heterogéneo de servidores penitenciarios: cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe del Inpec. Los investigados fueron identificados como Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, Fabián Leandro León Rodríguez y Salvador del Cristo Jiménez Palencia.

La Procuraduría investiga si estos funcionarios incurrieron en omisiones relacionadas con los controles de ingreso, el registro y la verificación de identidades de las personas que participaron en la celebración. Además, el ente de control analiza presuntos ocultamientos de información y posibles irregularidades en un informe oficial que fue elaborado después de los hechos.

Un evento que levantó sospechas

La controvertida celebración en la cárcel La Paz generó gran revuelo cuando salieron a la luz imágenes en las que Nelson Velásquez aparece interpretando varias canciones sobre una tarima improvisada dentro del penal, frente a un grupo de asistentes que consumían bebidas alcohólicas y alimentos. Según las denuncias presentadas por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, los reclusos cabecillas del establecimiento habrían reunido aproximadamente 500 millones de pesos para financiar el evento. De esa cifra, unos 100 millones de pesos habrían sido destinados específicamente al pago del cantante, mientras que el dinero restante fue utilizado para licor, comida, logística y presuntos pagos a funcionarios del penal.

El evento coincidió con un cumpleaños y con una celebración por la posible salida de prisión de un interno identificado como alias Lindolfo, lo que intensificó la polémica considerando que se trata de un penal de máxima seguridad donde estaban recluidos personajes como alias Douglas, alias Carlos Pesebre y alias Tom, reconocidos como cabecillas criminales vinculados a la Mesa de Paz Urbana. La difusión pública de la fiesta llevó a la suspensión de los diálogos que estos detenidos mantenían con el Gobierno.

Investigaciones en marcha

Tras conocerse los detalles de la celebración, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar el origen de los recursos utilizados en la contratación del artista y establecer si el dinero provenía de actividades ilegales. Una de las líneas de investigación busca determinar si Nelson Velásquez pudo haber recibido recursos de origen ilícito, analizando la posible comisión de delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, el cantante no ha sido acusado formalmente y las investigaciones continúan en etapa preliminar.

En su respuesta, Nelson Velásquez emitió un comunicado en el que aseguró que actuó de buena fe. Según el artista, aceptó la presentación porque su equipo de trabajo le informó que se trataba de un evento cultural autorizado por las autoridades competentes. Velásquez afirmó que su participación se limitó únicamente al espectáculo musical y negó haber intervenido en la organización o logística del evento, así como desconocer cualquier irregularidad relacionada con el ingreso al penal o el origen de los recursos.

Otro aspecto bajo investigación es el funcionamiento de las cámaras de seguridad del pabellón donde se realizó la fiesta. Según las indagaciones, varias cámaras internas estaban fuera de servicio en el momento de la celebración, circunstancia que ha dificultado la reconstrucción completa de lo sucedido. Sin embargo, los registros de cámaras externas sí captaron el ingreso de personas y vehículos al establecimiento penitenciario ese día, lo que ha permitido avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades.