Reforma pensional avanza con fallo de la Corte, pero enfrenta incertidumbre jurídica y fiscal

Más de un año después de ser devuelta por vicios de forma, la reforma pensional recibió un nuevo impulso de la Corte Constitucional. El tribunal constitucional emitió un fallo en agosto de 2026 en el que declaró exequible la columna vertebral del proyecto, incluida la prestación de pensiones a cargo del Estado con un pago máximo de 2,3 salarios mínimos. Sin embargo, la sentencia no eliminó completamente la incertidumbre sobre cómo operará en la práctica el nuevo sistema que transformará el modelo pensional colombiano.

La Corte detectó que, aunque la Cámara de Representantes corrigió el defecto en el trámite legislativo respecto de la mayoría de la ley, diez proposiciones que fueron presentadas por representantes nunca se discutieron en plenaria. Por ello, el tribunal le dio a la Cámara 30 días hábiles para debatir esas proposiciones y estableció el 1 de abril de 2027 como la fecha en que entrarán a regir las disposiciones ya avaladas.

Diez proposiciones aún en el limbo

Las proposiciones pendientes agrupan cinco asuntos principales: protección de los ahorros individuales, reglas para invertir y administrar recursos pensionales, comisiones de las administradoras de pensiones, beneficios y requisitos para pensionarse, y gobernanza del Fondo de Ahorro que administrará el Banco de la República. Entre los temas más sensibles figuran la precisión de que el gravamen de 1.000 UVT a las pensiones se calcula de forma mensual y no anual, así como la propuesta de eliminar tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas.

Alejandra Sánchez, académica de la Universidad Nacional y uno de los cerebros detrás de la iniciativa, advierte que aunque el grueso de la reforma podría comenzar a reglamentarse sin problemas, existe la posibilidad de que en las diez proposiciones pendientes se aprueben cambios de envergadura. Sánchez señala que será necesario expedir al menos cinco decretos reglamentarios de alta complejidad técnica y reiterar los modelos porque las condiciones cambiaron con el aplazamiento de la entrada en vigencia. Además, cuestiona que varios de quienes deberán hacer esa tarea no participaron en la elaboración ni en las discusiones de la reforma debido al cambio de Gobierno.

El costo fiscal se incrementa

El aplazamiento de la entrada en vigencia de julio de 2025 a abril de 2027 tendrá un impacto fiscal significativo al ampliar el número de personas cobijadas por el régimen de transición. Este beneficio aplica a mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y a hombres con 900 semanas, quienes permanecerán bajo las reglas del sistema anterior. Los cálculos iniciales de la reforma estimaban que este grupo sería de aproximadamente 2,5 millones de cotizantes, pero ahora podría aumentar a entre 3 millones y 3,1 millones de personas.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos (gremio que reúne los fondos privados de pensiones), considera que incluso mientras se termina el proceso legislativo, todos los actores del sistema deberían comenzar a implementar los desarrollos tecnológicos necesarios. 'Aunque ocho meses parece mucho tiempo, el reto de atender a 25 millones de personas en un sistema totalmente diferente a partir del primero de abril es muy grande', precisa.

Desafíos técnicos y riesgo de litigios

Gabriel Villegas, gerente operador de información de miplanilla.com, explica que la tecnología para dividir las cotizaciones ya está desarrollada. Sin embargo, el riesgo está en no tener certeza de cuándo entra en vigor el nuevo sistema. Antes de esa fecha se deben hacer pruebas exhaustivas y definir cómo operarán excepciones, casos de personas con varios empleos e ingresos simultáneos, y cómo separar a quienes queden en régimen de transición. Villegas insiste en que se requiere un período suficiente entre reglamentación e implementación, y advierte que la base de datos de todos los cotizantes será crítica para saber qué reglas les aplican.

Ana María Valdivieso, socia de Serrano Martínez CMA, señala que existe el riesgo de que dos trabajadores con condiciones similares terminen con tratamientos pensionales diferentes debido al número exacto de semanas acreditadas, la consistencia de su historia laboral, si están cobijados por régimen de transición y cómo se hayan distribuido sus aportes. 'El reto será asegurar que esas diferencias respondan a criterios objetivos, verificables y previamente definidos, y no a errores en las historias laborales, fallas en el reporte de aportes o interpretaciones contradictorias de las entidades administradoras', aclara. Valdivieso vaticina un probable incremento en la litigiosidad por pensiones.

Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, recomienda que mientras los congresistas vuelven a discutir y se llega a un texto final, los cotizantes actuales revisen su historia laboral, calculen su ingreso base, guarden comprobantes y esperen instrucciones antes de tomar cualquier decisión. 'Conocer sus propias cifras será la mejor defensa para su bolsillo y su futura pensión', precisa.