99 disidentes de las Farc que entregaron armas en Putumayo quedan en limbo jurídico tras anuncio de desmonte de paz total

Noventa y nueve integrantes de los Comandos de Frontera que entregaron voluntariamente sus armas en el Putumayo y avanzaban en proyectos de reinserción quedaron en un limbo jurídico tras el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de desmontar la política de paz total. Los desarmados, concentrados en una zona de ubicación temporal en el municipio Valle del Guamuez desde hace dos años, corren riesgo de judicialización una vez termine el actual Gobierno.

Hace apenas semanas, el 18 de junio de 2026, los 99 guerrilleros entregaron 105 armas de fuego, cerca de 400 proveedores y aproximadamente 25.000 municiones, que se encuentran actualmente en las instalaciones de Indumil en Sogamoso, Boyacá. El proceso de negociación con este grupo armado comenzó en 2023 y representó uno de los logros más concretos de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Un proceso en limbo jurídico

Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con los Comandos de Frontera, los concentrados en la zona de ubicación temporal enfrentan una situación vulnerable. Aunque la gran mayoría carece de antecedentes ante la Fiscalía General de la Nación, el simple hecho de haber ingresado a esta zona abre la puerta a su judicialización por concierto para delinquir, dado que formaban parte de una estructura armada ilegal.

Novoa explicó que la administración entrante muy probablemente expedirá uno de sus primeros decretos el 7 de agosto para desmontar la política. Sin embargo, argumentó que la zona donde se encuentran estas 99 personas desarmadas debería mantener su propia dinámica y funcionar como un espacio donde el Estado ofrezca oportunidades para que se separen definitivamente de la violencia.

Logros concretos en riesgo

El informe de gestión final de la mesa de diálogos destaca que el proceso fue uno de los más avanzados de la paz total. Durante dos años se suscribieron 16 acuerdos y se estructuró el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos más amplio de un proceso de paz en curso, con meta de 30.000 hectáreas. Ya más de 8.000 familias avanzan en la sustitución de más de 14.500 hectáreas en Putumayo.

Los números del proceso reflejan impactos significativos en las regiones de Nariño y Putumayo: reducción cercana al 50 por ciento en la tasa de homicidios, caída del 84,8 por ciento en víctimas de masacres, del 81,5 por ciento en afectaciones por minas, del 74,1 por ciento en desplazamiento y del 73,3 por ciento en desaparición forzada. El grupo también destruyó 14,5 toneladas de material de guerra durante las negociaciones.

Novoa manifestó que desmontar la mesa no elimina las obligaciones adquiridas con quienes entregaron las armas. 'La paz es una política de Estado. Estos procesos dejan de ser un logro de un Gobierno y forman parte de compromisos de Estado que las autoridades deben proteger y honrar', afirmó el negociador, quien indicó que hubiese sido fundamental presentar el informe al nuevo Gobierno para una evaluación objetiva.

El desmonte de la política de paz total fue una promesa central de campaña de De La Espriella, quien la calificó como 'maraña jurídica' y anunció un recorte en la financiación de programas orientados a este fin para invertir en seguridad. El mandatario entrante también expresó su intención de desmantelar todas las estructuras de lo que llamó 'esa falsa paz', argumentando que el proceso del Gobierno saliente representó 'la entrega de la soberanía nacional al narcoterrorismo'.