Abogada de Epa Colombia denuncia vulneración de derechos en centro penitenciario: "Tortura psicológica"

La abogada Wendy Herrera denunció graves irregularidades en la reclusión de Epa Colombia, tras ser impedida de acceder a su clienta en un centro penitenciario. Según la representante legal, esta restricción vulnera garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a una defensa técnica, situación que calificó como "tortura psicológica".

Herrera informó que se presentó a las 9:30 de la mañana con intención de entrevistarse con Daneidy Barrera Rojas, nombre legal de Epa Colombia, pero le fue negado el ingreso al lugar de reclusión. En video publicado, la abogada expresó su preocupación por la situación y anunció medidas para revertir lo que considera un atropello contra su defendida.

Antecedentes del caso

Epa Colombia fue condenada a cinco años de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La condena derivó de un video difundido en redes sociales en el que aparecía causando daños a una estación de TransMilenio durante las manifestaciones registradas en Bogotá. La decisión judicial la obligó a alejarse de su familia y de sus proyectos personales, poco después de convertirse en madre.

Llamado a visibilizar la situación

La denuncia de la abogada coincide con expresiones de preocupación manifestadas públicamente sobre el trato recibido por la empresaria. Herrera enfatizó en su comunicado que buscará sacar a la luz "todas las manos oscuras" detrás de lo que describe como vulneraciones y atropellos. "Vamos a acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia", expresó en el video.

La representante legal señaló que continuará investigando quiénes están responsables de las acciones que, según ella, ponen en peligro a su clienta. El caso ha generado atención en espacios públicos y redes sociales, donde se han manifestado inquietudes sobre las condiciones de reclusión y el acceso a garantías procesales de la influenciadora.