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Descubre más →Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir Plan de Acción para frenar muertes de niños wayuu en La Guajira
La Corte Constitucional reveló un panorama crítico en La Guajira tras sesión técnica de octubre: 235 menores fallecidos por causas prevenibles, obras de acueducto abandonadas y un bloqueo institucional que prolonga la crisis humanitaria.

La Corte Constitucional reveló hallazgos alarmantes sobre la crisis humanitaria que afecta a la niñez wayuu en La Guajira tras una sesión técnica realizada en Riohacha el pasado 13 de octubre. Entre los datos más graves: 235 menores de cinco años han fallecido desde 2025 por causas completamente prevenibles, obras de acueducto abandonadas en municipios priorizados y un bloqueo institucional que el alto tribunal califica como responsable de la prolongación de esta emergencia.
Puntos clave
• La Corte Constitucional halló que 235 niños menores de cinco años murieron en La Guajira entre 2025 y 2026 por causas prevenibles: infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y desnutrición
• El tribunal ordenó al Gobierno entregar antes del 15 de diciembre una versión consolidada del Plan Estructural de Acción con más de 60 acciones y 150 indicadores de cumplimiento
• Existen 1.600 contratos asociados a la sentencia y la Superintendencia de Servicios Públicos reportó inoperatividad masiva de acueductos: en Manaure, 20 de 60 infraestructuras están fuera de servicio
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte estableció un plazo perentorio: antes del 15 de diciembre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella deberá entregar una versión unificada del Plan Estructural de Acción (PEA) para proteger a los menores de esa población. La orden fue categórica en un aspecto: el nuevo Gobierno no podrá eliminar las metas propuestas en el borrador elaborado por la administración anterior, el cual contiene más de 60 acciones y 150 indicadores de cumplimiento.
Cifras que evidencian el colapso
El sistema de vigilancia sanitaria SIVIGILA reportó datos contundentes: en 2025 fallecieron 159 menores de cinco años en La Guajira, mientras que en 2026 la cifra llegó a 76, sumando más de 230 vidas perdidas. Lo más crítico es la causa: estas muertes se presentaron por infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas y desnutrición, todas condiciones que cuentan con intervenciones médicas disponibles. Los cuatro municipios más golpeados —Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia— fueron clasificados como priorizados por las autoridades debido a la magnitud de la crisis.
La Corte Constitucional expresó una 'profunda preocupación' por la falta de avances sostenidos en la ejecución del plan estructural, considerándolo como el 'principal instrumento para la superación de la crisis'. El tribunal advirtió que ese retraso configura un bloqueo institucional sistemático que continúa vulnerando los derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de los menores de la población indígena.
Crisis de infraestructura en agua potable
Paralelamente a las muertes, la Superintendencia de Servicios Públicos documentó una crisis generalizada de infraestructura hídrica. En Manaure, apenas 40 de las 60 infraestructuras inspeccionadas para proveer agua potable están operativas; en Maicao, 10 de 14 sistemas funcionan. Estos datos reflejan proyectos de acueducto que quedaron inconclusos o abandonados, profundizando la vulnerabilidad de poblaciones ya afectadas por desnutrición y enfermedades infecciosas.
La Contraloría General también alertó sobre incumplimientos en conectividad vial. El borrador del Plan de Acción presentado en julio prometía 561 kilómetros de vías, pero el cumplimiento efectivo apenas llega a 321 kilómetros en los municipios priorizados, 'dejando 240 kilómetros sin sustento ni asignación', según consta en el expediente de la Corte.
Órdenes de obligatorio cumplimiento
Además de exigir la consolidación del Plan Estructural de Acción, la Corte Constitucional ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones establecer una matriz de 1.600 contratos vinculados a la sentencia para rastrear la ejecución de recursos destinados a superar la crisis. Fiscalía General, Procuraduría General y Contraloría deberán informar el avance de las investigaciones derivadas de las alertas en La Guajira, donde existen 125 actuaciones disciplinarias, 25 procesos de responsabilidad fiscal y 26 investigaciones en la Superintendencia de Salud.
La decisión judicial representa un punto de no retorno en el seguimiento de esta emergencia humanitaria. La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional continuará evaluando el cumplimiento de estas órdenes, prohibiendo explícitamente que el Gobierno retroceda en los compromisos estructurales diseñados para salvar vidas en la infancia wayuu de La Guajira.

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Equipo editorial de Noticias Jamundí. Información local, regional y nacional verificada para Jamundí, el Valle del Cauca y Colombia.
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