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Descubre más →Más allá del pasaje: qué explica que un usuario llegue a asesinar a un guarda de Transmilenio
El crimen de Cristian Garzón en Soacha reabrió el debate sobre evasión, cultura ciudadana y las causas profundas que llevan a usuarios a agredir guardas de seguridad.

El crimen de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de 27 años adscrito al escuadrón de anticolados en la estación Terreros de Soacha, reavivó una pregunta incómoda en el transporte público bogotano: ¿qué impulsa a una persona a acabar con la vida de otro por evitar el pago de un pasaje? El joven fue atacado con arma cortopunzante el viernes 18 de septiembre mientras intentaba detener a una pareja —un hombre venezolano y una mujer colombiana— que pretendía ingresar al sistema sin pagar. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro médico, no sobrevivió. El incidente ha generado un debate profundo sobre las causas estructurales detrás de la evasión y la violencia en Transmilenio, que van mucho más allá de la falta de dinero.
Puntos clave
• Un guarda fue asesinado en la estación Terreros de Soacha el 18 de septiembre tras intentar detener a una pareja que quería colarse sin pagar pasaje
• Expertos señalan que la evasión responde a falta de cultura ciudadana, percepción de injusticia en costos, efecto manada y sesgos psicológicos
• Se registran 372 agresiones a guardas en lo corrido de 2026; la evasión alcanza más del 13% diario con pérdidas superiores a 260.000 millones anuales
• Factores clave incluyen guardas desarmados sin respaldo policial inmediato y ausencia de puertas en estaciones que facilitan accesos no autorizados
Según versiones de testigos y registros de cámaras de seguridad analizados durante las audiencias de judicialización, la pareja fue amonestada por intentar colarse. Esta confrontación escaló hasta el ataque mortal. El caso no es aislado: durante lo corrido de 2026, hasta finales de septiembre, se han documentado 372 agresiones a guardas de seguridad, especialmente en zonas como Carrera Décima, Caracas y NQS Sur. Las autoridades de Transmilenio reconocen que estos índices altos se asocian no solo a la mayor presencia de personal de vigilancia, sino también a la contundencia de los abordajes que realizan equipos especializados contra evasores.
Cultura ciudadana, percepciones de injusticia y sesgos psicológicos
Natalia Tinjacá, directora de Seguridad de TransMilenio, atribuyó la evasión recurrente a una combinación de factores: infraestructura vulnerable que permite accesos no autorizados, ausencia de penalidades efectivas y, sobre todo, déficit de cultura ciudadana. "Muchas personas no conocen bien el sistema, no lo apropian como en otras ciudades donde sí hay un orgullo por él", explicó. Sin embargo, expertos consultados profundizaron en motivaciones más complejas. Jorge Velázquez Castrillón, líder del Centro de Gestión Emocional de la Universidad Politécnico Grancolombiano, señaló que la evasión responde también a percepciones de que el pasaje es caro, frustración por fallas del servicio y hasta actos de protesta contra la administración distrital. Agregó que algunos ciudadanos creen que el transporte debería financiarse con impuestos y no con tarifa directa.
La concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico) confirmó que aunque no todas las personas que se cuelan carecen de recursos, una proporción significativa no puede costear el pasaje debido a su situación económica, la búsqueda de empleo o distancias largas de desplazamiento. Cuestionó que los beneficios de transporte anunciados por la administración Galán alcanzaran solo 630.000 ciudadanos de los 1,5 millones previstos, atribuyéndolo a requisitos restrictivos e insuficiente difusión. Para ella, reducir costos y ampliar subsidios son medidas que facilitarían el acceso equitativo.
El efecto manada y la percepción de riesgo bajo
Velázquez destacó fenómenos psicológicos documentados que explican por qué la evasión se perpetúa: el "efecto manada", donde observar que otros no pagan genera que quienes sí lo hacen sientan que cometen un acto irracional y eventualmente dejen de pagar también. Este patrón ha sido identificado en sistemas de transporte como el de Santiago de Chile. Además, mencionó el "sesgo de optimismo" descrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, que lleva a las personas a subestimar la probabilidad de ser sancionadas. En Bogotá, las multas por colarse raramente se cobran efectivamente, quedando en lo simbólico, lo que reduce el riesgo percibido. Según cifras oficiales, la evasión en el componente troncal de Transmilenio ronda hoy más del 13%, equivalente a cerca de 384.000 personas diarias, generando pérdidas anuales que superan los 260.000 millones de pesos.
Guardas desarmados frente a usuarios que buscan recuperar control
Desde la psicología del comportamiento, Velázquez planteó que cuando alguien percibe que una situación le arrebata el control, como ser impedido para pasar sin pagar, puede reaccionar con violencia como mecanismo para recuperar esa sensación de poder. Un factor crítico es cómo se percibe la autoridad: la investigación sobre relaciones de poder muestra que se agrede con mayor frecuencia a quien se ve sin capacidad real de sancionar. Los guardas de Transmilenio, típicamente desarmados y sin respaldo policial inmediato —situación que se agudizó tras la no renovación del convenio entre la empresa y la Policía Nacional—, encajan en ese perfil de "autoridad débil" frente a la cual algunos usuarios se sienten con mayor margen para reaccionar violentamente.
La concejal Sánchez identificó un factor infraestructural determinante en la muerte de Garzón: la ausencia de puertas en la estación Terreros. "Esta muerte se hubiese podido evitar si esa estación hubiese tenido puertas. Es inaudito que se inviertan más de 76.000 millones de pesos en estrategia de antievasión y no se destinen recursos para instalar puertas en las estaciones", cuestionó. Subrayó que no solo muchas estaciones carecen de puertas, sino que algunas que las poseen no funcionan de manera adecuada, permitiendo accesos no autorizados y dificultando que los guardas contengan situaciones de conflicto.
El caso de Cristian Garzón expone tensiones estructurales en el sistema: entre la necesidad de controlar la evasión y la realidad socioeconómica de usuarios que no pueden pagar; entre la seguridad del personal de vigilancia y la ausencia de herramientas efectivas; entre una infraestructura vulnerable y presupuestos insuficientes. Los expertos coinciden en que soluciones integrales requieren combinar mejora en infraestructura, ampliación real de subsidios, incremento de sanciones efectivas, refuerzo en seguridad del personal y recuperación de la cultura de apropiación del sistema de transporte público. Mientras tanto, la evasión continúa en cifras alarmantes y los riesgos para guardas y usuarios persisten.

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