Caos, licor y drogas en la Zona de Ubicación de los Comandos de Frontera en Putumayo

La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) establecida para los Comandos de Frontera en Valle del Guamuez, Putumayo, se ha convertido en un foco de desorden caracterizado por ingreso de menores de edad, tráfico de licor y sustancias ilícitas, peleas entre ocupantes y hasta la presencia de rituales chamánicos. Esta situación, documentada por autoridades entre octubre y noviembre de 2026, ha puesto en cuestionamiento una inversión de 13.000 millones de pesos destinada a lo que se planteaba como un espacio de transición hacia la vida civil para 99 miembros de esta estructura criminal.

El espacio, puesto en operación el 18 de junio de 2026, ha recibido el apodo de 'mini Caguán' entre autoridades y operadores, en alusión a la célebre zona de despeje que funcionó años atrás con las Farc. De acuerdo con documentación oficial fechada el 15 de octubre de 2026 y dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), durante cuatro días consecutivos entre el 10 y el 15 de octubre se registraron múltiples irregularidades que comprometieron la seguridad de los ocupantes y del personal operativo.

Una semana de desorden documentado

El 10 de octubre se detectó el ingreso no autorizado de menores de edad a las instalaciones, hecho que derivó en la coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su salida inmediata. Al día siguiente, personal del cuerpo logístico denunció el ingreso de bebidas alcohólicas de contrabando; quienes reportaron estas irregularidades fueron objeto de amenazas y llamadas intimidantes. Durante este mismo período, un integrante identificado como Anderson Stiven Méndez Pantoja acudió a los servicios de enfermería reportando que había consultado a un chamán quien le recomendó suspender su tratamiento médico. Días después, este mismo personaje protagonizó un ritual esotérico que quedó registrado en material audiovisual.

Los eventos alcanzaron su punto máximo entre el 13 y 14 de octubre. Se reportó nuevamente ingreso de bebidas alcohólicas de contrabando, consumo de sustancias no autorizadas, peleas que requirieron intervención del servicio médico y la documentación de un ritual chamánico en video. La noche del 14 de octubre, según consta en registros fotográficos y fílmicos, una motocicleta realizó una entrega a domicilio dentro de las instalaciones de más de veinte botellas de licor.

Crítica del nuevo Gobierno a la zona de ubicación

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, cuestionó públicamente la operación de la ZUT tras conocer en detalle las irregularidades. 'Todos los días se emborrachan, todos los días hacen fiestas y lo más lamentable es que allá hay niños, niñas y adolescentes, en una zona donde no deberían estar, y están todos los días con drogas, con alcohol y con sexo. Esa es la realidad, nosotros estamos financiando la vagabundería cuando debería tratarse de inversión social', expresó Ríos. El funcionario además solicitó una auditoría de la Contraloría sobre los recursos invertidos sin justificación aparente.

Ríos también cuestionó la relación entre inversión y resultados. Señaló que se gastaron 13.000 millones de pesos en infraestructura que, según su cálculo, no vale más de 3.000 millones. Agregó que del total de recursos destinados a la ZUT, hay aproximadamente 70.000 millones de pesos del Fondo para la Paz que no están justificados en contratos específicos.

Ana María Velázquez, directora ejecutiva de Rotorr —la corporación privada encargada de la operación y logística de la zona—, reconoció los desmanes e indicó que los ocupantes 'quieren vivir allá prácticamente como en un hotel y hacer lo que les da la gana'. Velázquez explicó que fue Rotorr quien documentó las irregularidades en tiempo real al Dapre y al Fondo para la Paz por temor a la seguridad de su personal operativo, que enfrentaba amenazas cuando intentaba controlar el desorden. 'Es una persona, un administrador, contra 99 excombatientes. Se muere del susto al decirles que no pueden ingresar licor', agregó.

Discrepancia en los números del acuerdo

El balance de la concentración también presenta inconsistencias. En las negociaciones se acordó la ubicación de aproximadamente 200 integrantes de los Comandos de Frontera, sin embargo, únicamente 99 llegaron a la ZUT. Cinco meses después de su llegada, solo 50 permanecen en el sitio. Este resultado contradice los objetivos iniciales del acuerdo alcanzado con esta estructura criminal, encabezada históricamente por Giovanni Andrés Rojas, alias 'Araña', quien ha sido extraditado.

El nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella ha intentado cerrar la ZUT mediante decreto, decisión que por el momento se encuentra en revisión judicial. Las autoridades argumentan que la zona no ha cumplido sus objetivos de reintegración y que ha funcionado más como un espacio de recreación y consumo de sustancias ilícitas que como un mecanismo de transición hacia la vida civil.