Luis Fernando Velasco rompe silencio en caso Ungrd: acusa de ser 'chivo expiatorio' y cuestiona investigación de la Fiscalía

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció públicamente por primera vez sobre su proceso judicial luego de obtener su libertad hace semanas. En una entrevista, el exfuncionario rechazó categóricamente las acusaciones de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, y sostuvo que ha sido utilizado como 'chivo expiatorio' para desviar la atención de la verdadera magnitud del delito.

Velasco manifestó que mantuvo silencio público durante meses siguiendo recomendación de su defensa legal, pero aseguró que las investigaciones han concentrado esfuerzos en asuntos menores mientras permanecen sin aclarar cuestiones más graves. 'La Fiscalía no ha llegado al fondo porque solo ha investigado lo que la prensa destapó', indicó el exministro, quien enfatizó que existen 26 contratos de la entidad de emergencias por un monto de 1,3 billones de pesos que no han sido objeto de investigación a fondo.

Cuestionamientos a testigos clave

El exfuncionario apuntó contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y piezas fundamentales de la investigación, acusándolos de mentir deliberadamente para obtener beneficios judiciales. Velasco aseguró que López modificó sus versiones de los hechos cuando le comprobó inconsistencias. Sobre un supuesto desayuno en el que habría impartido instrucciones irregulares, Velasco contrastó la fecha con su agenda y demostró que ese día estaba en Cali en un evento con funcionarios y dirigentes políticos. 'Mis abogados me dijeron que no revelara las pruebas ahora porque terminaría sin elementos para mi defensa', explicó respecto a su tardía respuesta pública.

Controvertidas reuniones en Casa de Nariño

Uno de los hechos que más señala la Fiscalía es una reunión del 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño donde, según la acusación basada en declaraciones de Olmedo López, se habría solicitado aproximadamente 80 mil millones de pesos para obtener votos parlamentarios en favor de reformas a la salud y pensional. Velasco rechazó esta versión y argumentó que el encuentro fue parte de un comité político convocado regularmente por el entonces presidente Gustavo Petro durante 2023. Según el exministro, otros asistentes al encuentro contradijeron el relato de López. 'Ocho personas dicen que lo que dice Olmedo es falso y solo él dice que es verdadero', manifestó.

Rol en gestiones parlamentarias

Velasco negó haber intervenido en la asignación de contratos y explicó que sus gestiones con congresistas obedecían a funciones normales del Ministerio del Interior. Aseguró que facilitó aproximadamente cien citas entre altos funcionarios del Gobierno y legisladores, gobernadores y alcaldes, sin mediar en la contratación pública. Respecto a la senador Julio Alberto Elías Chagüi, indicó que únicamente solicitó a López que lo atendiera. Sobre una lista de representantes enviada desde el Ministerio, aclaró que se trataba de congresistas del Pacto Histórico que no habían asistido a votar impedimentos relacionados con iniciativas gubernamentales.

Deficiencias en la investigación

El exministro cuestionó severamente el manejo del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación, argumentando que no se le han entregado todas las pruebas recaudadas. Informó que la Fiscalía ha recopilado más de nueve terabytes de información sin entregar íntegramente los archivos a los acusados. 'Lo mínimo a lo que un ciudadano investigado tiene derecho es a que le muestren las pruebas. Las hemos pedido insistentemente', expresó. Esta situación llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia, que determinó aplazar la audiencia preparatoria del juicio hasta febrero de 2027 tras detectar irregularidades en los procedimientos.

Velasco reiteró su inocencia y aseguró que la Fiscalía reconoció que ni él ni el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se apropiaron de dinero público. 'A nosotros no nos están investigando por peculado ni por apropiación de recursos, es por una cosa completamente distinta', subrayó. El proceso judicial del exfuncionario ha transitado por diferentes medidas cautelares: estuvo privado de la libertad en diciembre de 2025, obtuvo libertad tras una tutela en agosto de 2026, fue nuevamente capturado con detención domiciliaria en agosto, y finalmente fue liberado el 5 de noviembre de 2026 tras resolverse las apelaciones. La decisión judicial de libertad no definió su responsabilidad penal ni cerró el proceso.