Disidencias de las Farc habrían planeado atentados contra Hidroituango, Metro y Alcaldía de Medellín

Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertó al Congreso de la República que estructuras armadas habrían planeado atentados terroristas contra infraestructura crítica de Antioquia. Según la comunicación de la empresa presentada en debate de control político, el Frente 36 de las disidencias de las Farc habría dirigido amenazas contra la central Hidroituango, el Metro de Medellín y la Alcaldía de la ciudad entre agosto de 2025 y comienzos de 2026. Las exigencias extorsivas alcanzaron una cuota inicial de $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones para permitir la operación del proyecto energético.

De acuerdo con EPM, las intimidaciones también incluyeron exigencias de permisos escritos para el ingreso a zonas específicas, retención de trabajadores y expulsión de cuadrillas de trabajadores. La empresa reportó que coordinó la respuesta frente a estos riesgos con el Grupo de Acción Unificada Contra Grupos Armados Organizados (Gaula), la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Atentados documentados contra la hidroeléctrica

Entre los hechos más graves se registró la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, lo que provocó la muerte de un sargento del Ejército y dejó herido a un soldado. El incidente interrumpió durante cerca de una semana el ingreso de carga crítica necesaria para las actividades de la central. Adicionalmente, EPM atribuyó al Frente 36 atentados contra tres torres de transmisión eléctrica ubicadas en Medellín y Bello. En marzo de 2026 la empresa reportó sobrevuelos de drones sobre las instalaciones de la hidroeléctrica.

Las condiciones de inseguridad llevaron a EPM a restringir temporalmente el ingreso de trabajadores a sectores rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas de la zona. La medida fue implementada para proteger a las cuadrillas que desarrollaban labores técnicas y de mantenimiento en la región, según informó la empresa.

Declaración de guerra contra el Estado

El senador antioqueño Simón Molina describió las acciones de los grupos armados como una 'declaración de guerra' contra el Estado y contra Antioquia. 'El Clan del Golfo se atrevió a ponerle precio a Hidroituango: $5.000 millones de cuota de entrada y más de $500 millones mensuales para dejar funcionar la hidroeléctrica más importante del país. El Frente 36 exigía permisos escritos, retenía trabajadores y expulsaba cuadrillas a su antojo', expresó el legislador. Molina también señaló que mientras se ofrecían mesas de negociación y zonas de ubicación a los grupos armados, estos 'consolidaban su poder y cobraban peaje sobre la energía de Colombia'.

Aunque las amenazas del Frente 36 mencionaron al Metro de Medellín y a la Alcaldía de la ciudad, EPM no reportó que se hubiera materializado ningún atentado contra las instalaciones del sistema de transporte masivo ni contra la sede de la administración distrital. La empresa precisó en su comunicación que las intimidaciones acompañaban las demandas económicas formuladas durante el período reportado.

Las afectaciones también incluyeron los proyectos Porce II y Porce III, donde EPM identificó minería ilegal con presencia de grupos armados. La empresa alertó sobre 26 socavones, una draga y dos campamentos con cerca de 124 personas en las áreas de influencia de ambos proyectos. En estos territorios tienen presencia el Frente 36, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que disputan el control de economías ilícitas.

Molina solicitó al Gobierno nacional intensificar la recuperación del control territorial en el Bajo Cauca, desmantelar al Clan del Golfo y fortalecer la protección de la infraestructura energética del país. La denuncia quedó consignada en una carta enviada por EPM a la Cámara de Representantes como insumo para el debate sobre seguridad y orden público en Medellín, mostrando el impacto de la actividad de grupos armados sobre servicios públicos esenciales en Antioquia.