Sector petrolero pide restablecer incentivos tributarios para atraer inversión extranjera

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió sobre la necesidad de restablecer condiciones tributarias y de seguridad que permitan el retorno de grandes inversiones al país. Según la gremia, el sector podría aportar 695 billones de pesos adicionales a las finanzas públicas entre ahora y 2050, cifra equivalente a 20 billones de pesos anuales, si se implementan políticas públicas acordes con las prácticas de competencia internacional.

Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que el sector enfrenta una crisis profunda derivada de decisiones de la administración anterior. De acuerdo con el dirigente gremial, la industria petrolera ha perdido aproximadamente 20 mil empleos durante los últimos tres años, mientras que la exploración ha registrado una caída superior al 53 por ciento. Adicionalmente, entre enero y junio de este año, los departamentos productores dejaron de percibir 365 mil millones de pesos en regalías como consecuencia de bloqueos ilegales a las operaciones.

Régimen tributario como factor decisivo

La ACP argumenta que Colombia enfrenta una considerable desventaja competitiva respecto a otros países de la región para atraer inversión extranjera. Pearl explicó que bajo el actual régimen tributario colombiano, la tasa efectiva de tributación del sector —incluyendo rentas, sobretasas, dividendos y otros gravámenes— puede alcanzar el 78 por ciento. En contraste, países como Argentina han implementado regímenes de incentivos a grandes inversiones con tasas efectivas de apenas 25 y 26 por ciento, lo que ha derivado en que la inversión se desvíe hacia esas economías.

El dirigente señaló que Guyana y Venezuela, que hace dos años producían menos petróleo que Colombia, hoy cuentan con mayores niveles de producción. La ACP propone incluir dentro de una eventual ley de rescate fiscal un régimen de incentivos para grandes inversiones nuevas, argumentando que con esta medida se ampliaría la base tributaria y se generarían mayores recaudos para el Estado.

Agenda de corto y mediano plazo

Más allá de la tributación, la ACP ha propuesto una agenda de 47 iniciativas en diversos frentes para que el sector renazca. Estas incluyen mejoras en seguridad —el sector reportó más de 1.300 bloqueos y 30 atentados contra oleoductos durante el año pasado—, ordenamiento territorial, agilización de trámites ambientales y consultas previas. Pearl precisó que algunos avances ya están en curso, como la posibilidad de tramitar en paralelo licencias ambientales y consultas previas, lo que podría ahorrar un par de años por proyecto.

La gremia también plantea inscribir proyectos clave en la categoría de proyectos de interés nacional estratégico, con el propósito de desatar cuellos de botella administrativos. Según la ACP, de implementarse estas medidas de manera gradual, Colombia podría recuperar autosuficiencia energética en cuatro o cinco años.

Potencial de redistribución y desarrollo regional

Pearl enfatizó que los 695 billones de pesos adicionales que el sector podría generar tendrían un impacto significativo en el presupuesto nacional y en las regiones productoras. Según sus cálculos, estos recursos permitirían eliminar el 47 por ciento de la pobreza en Colombia, además de resolver el déficit acumulado en el sistema de salud. El presidente de la ACP subrayó que mejorar el funcionamiento del sistema general de regalías haría posible que estos beneficios lleguen directamente a las comunidades locales.

Sobre la controversia del fracking, Pearl reconoció las preocupaciones sobre sismicidad e impacto en acuíferos, pero argumentó que las tecnologías han avanzado significativamente. Señaló que en Estados Unidos operan más de un millón de pozos con estas técnicas, y que la profundidad de las operaciones de fracking es 10 veces mayor que la de los acuíferos de donde se extrae agua potable en Colombia. Según el dirigente, la solución no radica en una falsa disyuntiva entre desarrollo económico y protección ambiental, sino en implementar proyectos y políticas públicas que generen riqueza, la distribuyan equitativamente y protejan los ecosistemas.