Acolgen rechaza inspecciones a hidroeléctricas y cuestiona narrativa contra el sector energético

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) manifestó su rechazo frontal a las investigaciones administrativas adelantadas por organismos de control del Estado contra las empresas del sector. Según la dirigencia gremial, estas acciones están creando una narrativa injusta que estigmatiza a una industria estratégica para el país, sin que exista responsabilidad de las generadoras en los apagones recientes.

El pronunciamiento responde directamente a los procedimientos conjuntos anunciados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, criticó que las investigaciones tengan un componente comunicacional que anticipa una condena pública, alejándose de criterios puramente técnicos.

Defensa del Cargo por Confiabilidad

El centro del debate se concentra en el Cargo por Confiabilidad, un mecanismo financiero diseñado para remunerar la disponibilidad constante de energía en el sistema. Las autoridades de control cuestionan los montos millonarios girados a las empresas mientras persisten advertencias sobre posibles riesgos de racionamiento. Acolgen defiende este esquema comparándolo con una póliza de seguro que garantiza el suministro en momentos críticos, argumentando que ha sido fundamental para atraer inversiones privadas que expanden la capacidad del sistema.

De acuerdo con cifras presentadas por el gremio, el sector ha invertido más de 16.700 millones de dólares en desarrollo de infraestructura térmica, hídrica y renovable. Según la dirigencia, estas adiciones operativas han permitido superar periodos severos de sequía sin necesidad de aplicar cortes programados en el territorio nacional.

Cuestionamientos sobre inversiones y responsabilidad

El superintendente Felipe Durán Carrón abrió el debate sobre el destino final de los recursos pagados por los usuarios, cuestionando que continúe el fantasma del desabastecimiento tras el pago de cerca de 97 billones de pesos durante dos décadas. Ante estos señalamientos, el sector productivo aclara que las dificultades de abastecimiento responden a retrasos en proyectos clave de transmisión y generación, así como a las constantes alteraciones normativas que desalienta la atracción de nuevos capitales.

Acolgen también cuestionó el momento en que se inician estos procesos judiciales administrativos, coincidiendo con la transición hacia un nuevo Gobierno. La dirigencia gremial califica como antitécnicas las lecturas sobre el comportamiento de las ofertas en el mercado mayorista que respaldan estas investigaciones, argumentando que buscan responsabilizar al sector por problemas estructurales del sistema energético nacional.