Colombia hereda crisis de seguridad de alcance nacional, advierte Diálogo Interamericano

La seguridad en Colombia llegará a ser uno de los temas más críticos para la próxima administración. Así lo advierte un informe de Diálogo Interamericano, prestigiosa organización con sede en Washington, que en sus conclusiones sostiene que cuando el nuevo gobierno asuma el poder heredará una crisis de seguridad de alcance nacional que se manifiesta de manera directa en barrios, ciudades y departamentos del país. El diagnóstico se desprende de un encuentro realizado en Bogotá que reunió a alcaldes, gobernadores, expertos en seguridad, líderes de la sociedad civil y representantes del sector privado para analizar los desafíos que enfrentan las autoridades locales.

De acuerdo con el informe redactado por Rebecca Bill Chavez, presidenta ejecutiva del Diálogo Interamericano, y Juanita Caballero, asociada de programa en la organización, los mandatarios locales enfrentan un aumento marcado de la delincuencia y la violencia, el reclutamiento criminal de jóvenes, altos niveles de impunidad y centros de detención hacinados. Sin embargo, muchas de las herramientas necesarias para responder siguen bajo control nacional, lo que hace indispensable una coordinación que sea duradera y cuente con los recursos y la capacidad operativa que requieren los gobiernos locales.

Un deterioro pronunciado en indicadores de criminalidad

Los números son alarmantes. Colombia registró 14.780 homicidios en 2025, el total anual más alto registrado en una década. De manera paralela, el desplazamiento interno se duplicó durante el año pasado llegando a 70.284 personas, mientras que los secuestros crecieron 133 por ciento al pasar de 279 casos en 2024 a 651 en 2025. La extorsión también mostró tendencia al alza con un incremento del 37 por ciento en los últimos cuatro años. Este panorama criminal ha cambiado no solo en escala sino también en su naturaleza, con organizaciones que operan simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, frecuentemente con alcance transnacional.

La expansión de grupos armados ha sido identificada como un motor clave de la violencia. Según el informe, estas organizaciones sumaron aproximadamente 5.000 nuevos miembros en 2025, alcanzando un total de 27.000 efectivos a nivel nacional, lo que representa un aumento del 24 por ciento en apenas un año. Los enfrentamientos entre grupos se incrementaron en 34 por ciento en el mismo período, impulsados por la intensa competencia por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Colombia cuenta actualmente con al menos 13 zonas de conflicto activas, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno anterior.

Debilitamiento institucional de la Policía Nacional

Un factor crítico en esta crisis es el significativo debilitamiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional. Las operaciones de seguridad modernas requieren sistemas de mando y control, análisis de datos, infraestructura de vigilancia e inteligencia criminal, capacidades que demandan inversión nacional sostenida. Según el informe, el presupuesto de operaciones de la Policía Nacional cayó de 65.500 millones de pesos en 2022 a 18.000 millones de pesos en 2025. Los recursos para desarrollo tecnológico bajaron de 71.100 millones a 15.000 millones de pesos en el mismo período, y el fondo de recompensas de la Dirección de Inteligencia Policial se desplomó de más de 5.000 millones de pesos a apenas 106 millones. Estas limitaciones han obligado a funcionarios a sufragar de su propio bolsillo necesidades operativas básicas como desplazamientos, pagos a informantes, uniformes y combustible.

El informe señala que los gobiernos locales de Colombia están en la primera línea de la crisis. Alcaldes y gobernadores tienen una cercanía al territorio que les permite conocer qué actores criminales operan y dónde, cuáles barrios están más expuestos y qué jóvenes corren mayor riesgo. Sin embargo, esta proximidad por sí sola no es suficiente. Los líderes subnacionales reunidos en Bogotá fueron explícitos en que una estrategia de seguridad eficaz requiere coordinación con un gobierno nacional que trate la seguridad como una prioridad compartida, recursos acordes con las responsabilidades asignadas, un sistema judicial que traduzca los arrestos en consecuencias reales, y estrategias de prevención asumidas como un compromiso central y no como algo secundario.

La organización enfatiza que la seguridad duradera depende de fortalecer las instituciones democráticas, no de eludirlas. El reto para el nuevo gobierno no es solo mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, sino hacerla duradera y dotarla de los recursos y la capacidad operativa que necesitan. La aplicación de la ley, la persecución penal, la detención, la rehabilitación y la prevención deben tratarse como partes conectadas de una misma estrategia, y no gestionarse de manera aislada. Los expertos coinciden en que las políticas públicas exitosas requieren arreglos institucionales lo suficientemente duraderos para sobrevivir a los cambios de administración.