Consejo de Estado inadmite demanda que buscaba anular elección de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado inadmitió la demanda de nulidad electoral que pretendía anular la elección de Abelardo Gabriel de la Espriella como presidente de la República. La decisión fue confirmada por el jurista Germán Calderón España, designado como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el nuevo Gobierno.

Según la documentación de inadmisión publicada por la alta corte administrativa, el rechazo se fundamentó en incumplimientos procedimentales. El tribunal señaló que el demandante no cumplió con enviar por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos a la parte pasiva, requisito establecido en la normativa de procedimiento administrativo.

Quién presentó la demanda y cuáles fueron sus argumentos

La acción judicial fue presentada por Luis Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y cercano al movimiento político del presidente Gustavo Petro. Pérez solicitaba la suspensión de los efectos del acto de elección y la postergación de la posesión presidencial programada para el 7 de agosto, argumentando presuntas irregularidades en el escrutinio de la segunda vuelta celebrada el 21 de junio de 2026.

La demanda, respaldada por más de 818.000 firmas, estructuraba sus argumentos en dos ejes centrales. El primero cuestionaba la campaña de De la Espriella por presunta violencia política, amenazas, hostigamiento e incitación a delinquir. El demandante también denunció el uso de símbolos nacionales como la bandera y la camiseta de la selección Colombia en actos de campaña, asegurando que esto contravenía la Ley 1475 de 2011.

En este eje, Pérez recopiló discursos del presidente electo en los que supuestamente calificaba a opositores como 'delincuentes' y 'enemigos a extirpar', además de denuncias sobre incitación a la violencia y deslegitimación del voto en zonas rurales e indígenas mediante narrativas de dudosa índole electoral.

La doble nacionalidad como argumento central

El segundo eje de la demanda se enfocaba en la doble nacionalidad de De la Espriella. El demandante argumentaba que el presidente electo adquirió voluntariamente ciudadanía estadounidense y realizó un juramento de lealtad exclusiva a ese país, lo que supuestamente generaba una incompatibilidad absoluta para ejercer el cargo presidencial en Colombia.

Para respaldar este argumento, la demanda aportó registros de naturalización, publicaciones en redes sociales, posibles aportes financieros a campañas del Partido Republicano de Estados Unidos, y solicitaba certificaciones formales sobre la vigencia de la ciudadanía extranjera. El expediente fue acompañado de amplio material probatorio que incluía resoluciones oficiales, videos y registros de discursos.

La inadmisión de esta demanda se suma a otros rechazos judiciales de acciones similares que buscaban cuestionar la validez de la elección de De la Espriella. Según autoridades competentes, varias de las demandas presentadas no procedieron por asuntos técnicos o incumplimiento de requisitos procedimentales formales.