De La Espriella declara objetivos militares a cabecillas del ELN y disidencias de Farc en Norte de Santander

Durante la primera sesión del empalme territorial en Norte de Santander, el presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum público a dos de los principales cabecillas de grupos armados ilegales que operan en la región: alias Andrey, líder del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y alias Alfred, jefe del Frente Guerra Nororiental del ELN. Ambos fueron declarados objetivos militares del Gobierno, con un plazo de treinta días para que se entreguen a la justicia.

En declaraciones ante los medios de comunicación, De La Espriella fue categórico: "Aprovecho los micrófonos para declarar a alias Alfred y alias Andrey objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho".

Nueva política de orden público

El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia que De La Espriella presentó esta semana para su administración, que inicia el próximo 7 de agosto. Según el presidente electo, el Gobierno implementará una nueva política frente a organizaciones criminales fundamentada en el sometimiento a la justicia dentro del marco constitucional y legal. "A los violentos les envío un único mensaje: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera", enfatizó.

La declaración de objetivos militares representa una medida extrema del Gobierno entrante frente a la situación de orden público en Norte de Santander, una región que ha sido epicentro de confrontaciones entre disidencias de las Farc y estructuras del ELN, generando afectaciones en la población civil.

Otros casos de sometimiento

Más allá del ultimátum a Andrey y Alfred, De La Espriella informó que ha recibido una manifestación de intención de sometimiento a la justicia por parte de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados como cabecillas de la estructura criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Para coordinar este proceso, impartirá instrucciones al ministro de Defensa designado, mayor general (r) Jorge Mora, y solicitará a la Fiscalía General que designe un fiscal y un grupo de Policía Judicial para adelantar el procedimiento conforme a la ley.

La estrategia de orden público del futuro Gobierno combinará, entonces, medidas de confrontación militar contra quienes rechacen la entrega voluntaria, con alternativas legales para aquellos que se acojan a los beneficios que establece la normatividad colombiana. Este enfoque marca una diferencia respecto a la actual administración y será uno de los aspectos centrales de la política criminal del Gobierno que asume el poder en dos semanas.