Decreto de seguridad urbana de De la Espriella divide opiniones: alcaldes apoyan, sectores piden cautela

El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la creación de un 'Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana' como decreto presidencial desencadenó un fuerte debate político a nivel nacional. La medida, que será firmada el 7 de agosto durante su posesión según confirmó el mandatario electo, generó reacciones divergentes: desde respaldo entusiasta de varios alcaldes hasta advertencias de sectores que piden vigilancia sobre el alcance e implementación del futuro decreto.

De la Espriella enfatizó que el objetivo central es recuperar el control en zonas urbanas golpeadas por la criminalidad, mediante una estrategia coordinada entre el Gobierno nacional y las principales ciudades del país para combatir delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio. Con un mensaje contundente afirmó: 'No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria'.

Alcaldes respaldan la iniciativa de seguridad

La propuesta encontró respaldo inmediato en administradores locales de diferentes regiones. El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó que la seguridad requiere articulación entre niveles de gobierno y reconoció que las ciudades no pueden enfrentar solas el crimen organizado. Portilla anunció que preparará un informe detallado con cifras y estrategias sobre la situación de seguridad en su municipio para presentarlo antes de la firma del decreto.

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez fue uno de los más enfáticos en su apoyo, destacando el contraste con políticas anteriores: 'Qué diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente vs. otro que venía a Medellín a hacer tarimazos con los criminales'. El mandatario enfatizó que la ciudadanía debe recuperar la tranquilidad y que el miedo debe sentirlo únicamente la delincuencia.

Desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char se sumó al respaldo y señaló que Colombia necesita decisiones firmes en seguridad y que los gobiernos locales requieren respaldo real del nivel central. En Cali, el alcalde Alejandro Eder también expresó apoyo a la coordinación institucional y las acciones concretas contra estructuras criminales. Por su parte, desde Bogotá, Carlos Fernando Galán manifestó disposición de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno para fortalecer la política criminal del país.

La visión integral desde Antioquia

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rincón, respaldó la iniciativa pero amplió el debate hacia una perspectiva más integral. Aunque apoyó el enfoque urbano, advirtió que la seguridad no puede mejorarse sin intervenir los factores de violencia en zonas rurales, donde según indicó ocurren gran parte de los homicidios del país. Rincón señaló el crecimiento de grupos armados bajo la actual administración: un incremento del 70% en las disidencias de las FARC y del 60% en el Clan del Golfo, además de más de 20 mil hectáreas de cultivos de coca.

El gobernador también enfatizó que la estrategia debe incluir la expansión de economías ilegales como la minería ilícita, que según afirmó amenazan la tranquilidad de decenas de municipios. Su intervención refleja la complejidad del panorama de seguridad en el país, donde la violencia urbana y rural son fenómenos interconectados que requieren respuestas coordinadas y multidimensionales.

Con la posesión presidencial establecida para el 7 de agosto, el decreto de seguridad urbana representa uno de los primeros compromisos anunciados por De la Espriella. Su implementación dependerá de la capacidad de articulación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como del presupuesto asignado y los mecanismos de coordinación que se establezcan. La próximas semanas serán determinantes para conocer los detalles operativos del Bloque de Defensa.