Fiscalía presenta acusaciones por secuestro y tortura contra Luis Mariano Díaz y cinco cómplices en Barranquilla

Durante una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó acusaciones formales contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, junto a cinco cómplices, por su presunta participación en el secuestro, tortura y extorsión de un cobrador de préstamos informales en el área metropolitana de Barranquilla. El fiscal delegado Rodrigo Restrepo expuso detalles del caso que conmocionó a la región atlántica hace varios meses.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando Carlos Alfredo Mejía Vargas, trabajador de la empresa Soluciones Mano a Mano, fue sacado por la fuerza de su vivienda por un grupo de hombres que llegaron en motocicletas. Según la Fiscalía, el operativo fue coordinado y contó con al menos 20 personas, aunque solo seis fueron capturadas. Los demás implicados permanecen sin identificar.

Las acusaciones contra los capturados

La Fiscalía indicó que Alexis Rafael Jiménez Uriña habría coordinado todo el operativo desde el inicio, amenazando al padre de la víctima con arma de fuego y dando órdenes durante toda la retención. Nairo Andrés Tirado Osio, Keiner Enrique Rocha Gamero, Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez participaron en el traslado, custodia, vigilancia y agresiones contra la víctima.

Luis Mariano Díaz González es señalado como líder y director de la organización. De acuerdo con el fiscal, llegó al lugar de cautiverio después del traslado inicial, permaneció allí más de dos horas, y asumió personalmente el mando de las agresiones. Le golpeó la cabeza con la cacha de una pistola en varias ocasiones y continuó interrogándolo sobre dinero supuestamente faltante. El fiscal enfatizó que su rol no fue el de un simple agresor, sino el de patrón de la empresa informal y ordenador de las exigencias económicas.

Secuestro de 11 horas con tortura sistemática

La víctima fue trasladada a una casa en el barrio Las Granjas, en Soledad, donde permaneció ilegalmente privada de su libertad durante once horas. Durante ese tiempo fue sometido a una serie continua de actos de violencia física y psicológica. Según la Fiscalía, recibió golpes de puño y patadas, fue golpeado con tablas de madera, tubos y objetos contundentes, fue agredido con la cacha y la punta de un arma de fuego, y sufrió heridas por arma cortopunzante en la mano derecha y una pierna. El Instituto Nacional de Medicina Legal le otorgó posteriormente una incapacidad provisional de 20 días.

Mientras Mejía Vargas permanecía cautivo, los integrantes de la organización se comunicaron con sus familiares, particularmente con Carlos Alberto Mejía Pacheco y Gloria Margarita Vives Vergara, informándoles que la víctima estaba retenida y lesionada. Inicialmente exigieron 15 millones de pesos como condición para su liberación. Cuando la familia informó que no disponía de esa suma, incrementaron la presión e hicieron una nueva demanda: la transferencia de una vivienda mediante escritura pública a favor de una persona designada por la organización. Las amenazas de causar daño a la víctima y sus familiares acompañaron todo el proceso.

La Fiscalía sostuvo que el propósito principal de toda la operación era obligar a la víctima a aceptar que se había robado los 15 millones de pesos que administraba para los préstamos informales que realizaba la organización en varios puntos de la ciudad. El objetivo era extraer dinero o bienes de la víctima bajo coerción violenta.

En su análisis del caso, el fiscal Restrepo concluyó que existió una coordinación clara para la comisión de los presuntos delitos de tortura, secuestro y extorsión. Aunque solo seis personas fueron capturadas, la investigación sugiere que aproximadamente 16 personas adicionales participaron en el operativo, lo que eleva el total de posibles implicados a más de dos decenas.