Cáñamo industrial en Colombia: productores denuncian frenos regulatorios que frenan su potencial en territorios olvidados

Cuatro años después de su legalización, la industria del cáñamo en Colombia enfrenta un vacío regulatorio que paraliza su desarrollo, pese al potencial que empresarios y expertos le atribuyen como herramienta para transformar economías ilícitas en territorios afectados por cultivos prohibidos. Aunque la Ley 2204 de 2022 abrió el marco legal para el uso industrial y científico del cáñamo, la ausencia de reglamentación integral mantiene al sector atado a normas incompletas y contradictorias que generan inseguridad jurídica.

El principal obstáculo es un conflicto normativo que persiste desde hace años: mientras la Ley 2204 estableció un límite de tetrahidrocannabinol (THC) del 0,3%, el Decreto 811 de 2021 sigue fijando un 1% como referencia vigente. Esta dualidad de normas con límites diferentes mantiene a productores y empresarios en una encrucijada legal, sin claridad sobre cuál criterio deben aplicar en sus operaciones.

Reglamentación incompleta detiene una cadena productiva completa

Según expertos consultados, el problema no es la legalidad del cáñamo, sino la urgencia de completar una reglamentación que permita su funcionamiento bajo un régimen propio diferenciado del cannabis controlado. El abogado Walter Aguirre Mazo, especialista en la materia, resalta que un cultivo destinado a fibra, textiles, materiales de construcción o alimentos no puede ser tratado administrativamente como una sustancia fiscalizada. Aguirre ha presentado propuestas para mejorar tanto la regulación del cáñamo como la del cannabis medicinal, advirtiendo sobre la importancia de sistemas ágiles y proporcionales al riesgo real de un cultivo agroindustrial.

La transformación industrial del cáñamo abre posibilidades amplias. De la planta se obtienen textiles, bioplásticos y materiales de construcción. Incluso, investigaciones recientes apuntan al grafeno derivado del cáñamo, un material ultraresistente que absorbe dióxido de carbono, lo que lo hace viable para programas de bonos de carbono con mercado internacional. En alimentación, la semilla se utiliza para producir aceite, harina y proteína vegetal, además de snacks y productos energéticos.

Sustitución de economías ilegales, no solo de cultivos

Lo que diferencia al cáñamo de otras iniciativas de sustitución de cultivos es su potencial para reemplazar economías completas, no solo plantas. Mientras décadas de políticas se han concentrado en cambiar un cultivo por otro en territorios con economías ilícitas, el cáñamo permite construir cadenas de valor que van desde la siembra hasta la industria. Esto significa fábricas, empleo local, procesamiento en el país y generación de bienes con valor agregado. Empresas como Agrogreencol trabajan actualmente con asociaciones rurales promoviendo agricultura regenerativa, empleos verdes y soluciones de vivienda sostenible en zonas como Urabá antioqueño.

Los productores señalan que el cáñamo fue desplazado del mercado décadas atrás por intereses de otras industrias. La industria algodonera y licorera, según mencionan, utilizaron su conexión con el cannabis para satanizar la planta y sacarla del mercado. Recuperarla ahora representa, además de una oportunidad económica, la corrección de una distorsión histórica del mercado agrícola.

El desarrollo formal de la actividad se canaliza a través del Sistema de Información de Operaciones de Cannabis del Ministerio de Agricultura, plataforma que centraliza el registro de todas las operaciones relacionadas con cáñamo y cannabis industrial en el país. Sin embargo, empresarios advierten que esta infraestructura administrativa solo funciona como control, no como facilitador del desarrollo integral de la cadena.

El próximo paso, según especialistas, no es debatir si el cáñamo debe existir legalmente —esa decisión ya fue tomada por el Congreso—, sino culminar la reglamentación con sistemas sencillos, diferenciales y proporcionales al riesgo real. Es necesario vincular simultáneamente semilla, cultivo, cosecha, transformación, certificación, logística e industria, con énfasis en incluir a pequeños productores y territorios afectados por economías ilegales. Solo así, advierten, el cáñamo podrá cumplir su promesa de convertir sectores olvidados en fuentes legales y sostenibles de empleo.