Gobierno declara emergencia económica por terremoto del 10 de agosto: facultades extraordinarias por 30 días

El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica tras el terremoto del 10 de agosto, que impactó varias regiones del país y dejó daños significativos en viviendas, infraestructura vial, establecimientos educativos y centros de salud. El presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1261 de 2026 junto con su gabinete ministerial, una decisión que busca acelerar la atención de las comunidades afectadas y permitir decisiones extraordinarias sobre recursos durante 30 días calendario.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Además de los municipios donde se registraron daños directos, la declaratoria también podrá cobijar localidades donde "posteriormente pueda demostrarse una afectación concreta derivada del fenómeno", lo que significa que el alcance de las medidas podría ampliarse si aparecen nuevos daños asociados al evento.

Facultades extraordinarias del Gobierno

El decreto permite modificar temporalmente mecanismos presupuestales, tributarios, financieros y contractuales. También contempla la creación de fondos especiales y la reorientación de recursos que aún no estén comprometidos. El Gobierno justificó la decisión por "la magnitud, simultaneidad, dispersión territorial y complejidad de los daños", argumentando que los procedimientos ordinarios "resultan insuficientes" para enfrentar la emergencia. Las nuevas facultades permitirán movilizar recursos hacia la atención humanitaria, la recuperación y la reconstrucción, aunque el decreto aclara que todas las medidas serán "proporcionales, temporales y necesarias".

Apoyo a vivienda y servicios básicos

La emergencia económica contempla apoyos directos para familias que perdieron sus viviendas. El Gobierno podrá flexibilizar subsidios, facilitar reasentamientos y habilitar alojamientos transitorios. También podrá adoptar medidas frente a posibles aumentos o distorsiones en los mercados de arrendamientos y materiales de construcción, aunque deberá respetar la autonomía de las entidades territoriales en su implementación.

En el sector salud, el decreto busca ampliar la capacidad de atención y garantizar la continuidad de los servicios en zonas afectadas. Para educación, se prevén medidas especiales para colegios dañados y comunidades estudiantiles, incluyendo la contratación de acompañamiento pedagógico y psicosocial, además de adquisición de tecnología y mobiliario. El Gobierno también podrá garantizar la alimentación escolar cuando los establecimientos "hayan sido destruidos o hayan quedado inhabilitados".

Infraestructura y recuperación económica

Las autoridades podrán intervenir obras territoriales cuando las entidades responsables no tengan capacidad suficiente para ejecutarlas. El decreto contempla también créditos con períodos de gracia, garantías y subsidios para facilitar la recuperación económica de afectados, y permitirá utilizar recursos de regalías y del Fondo de Ahorros y Estabilización Económica (FAE) bajo determinadas condiciones. Además, bienes administrados por FRISCO podrán destinarse a albergues, centros de acopio y obras de reconstrucción, así como para apoyar el reasentamiento de familias vulnerables.

Con estas herramientas, el Gobierno busca acelerar la respuesta en las zonas afectadas sin dilaciones burocráticas. La declaratoria tendrá una vigencia de 30 días, período durante el cual podrán expedirse todas las medidas extraordinarias previstas en el decreto para la recuperación y reconstrucción de las regiones impactadas por el terremoto.