Gobierno Petro suspende sesiones de empalme y denuncia penalmente a integrante del equipo entrante

El Comité Nacional de Empalme del gobierno saliente suspendió este martes 7 de julio su participación en las sesiones conjuntas con el equipo de Abelardo de la Espriella y trasladó el conflicto al terreno judicial. La decisión se concretó mediante una declaración institucional firmada por Germán Ávila Plazas, Nhora Mondragón Ortíz, Augusto Ocampo Camacho y Natalia Irene Molina Posso, en la que se anunció una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, miembro del comité del gobierno entrante, por declaraciones que considera lesionan la honra del presidente Gustavo Petro y de su gabinete.

Según el comunicado oficial, el quiebre en las negociaciones se produjo tras una entrevista concedida por Lucio el pasado domingo. A partir de ese momento, el equipo saliente consideró que no existían condiciones mínimas de respeto institucional para mantener las reuniones. El gobierno denunció que el proceso de transición fue desviado hacia una lógica de acusación pública bajo la denominación de un supuesto "empalme anticorrupción".

El empalme no es una investigación penal

En su declaración, el Comité Nacional fue enfático en diferenciar la naturaleza del empalme de un proceso judicial. "El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política", expresó el comité, enfatizando que se trata de "un deber de Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones".

El gobierno saliente argumentó que se instaló públicamente una presunción de responsabilidad sobre su gestión, separando así el debate político del uso de una mesa institucional para proyectar una lectura incriminatoria del relevo administrativo. El comité insistió en que eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales deben tramitarse exclusivamente ante las autoridades competentes, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia.

Denuncia penal y búsqueda de legitimidad institucional

La acción penal radicada contra Lucio constituye el movimiento más concreto del gobierno en la escalada del conflicto. El comunicado señala que se presentó denuncia penal "con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor Presidente de la República y de su Equipo de Gobierno". El documento no detalla el contenido exacto de tales declaraciones, pero las califica como "graves señalamientos".

Pese a la suspensión, el gobierno intentó reforzar su compromiso institucional. El comité extendió una invitación formal al procurador general Gregorio Eljach Pacheco para que participen procuradores delegados en las sesiones sectoriales de empalme. Además, saludó el acompañamiento de la Contraloría General, argumentando que la presencia de estos organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes.

El comité fue claro al afirmar: "No tenemos absolutamente nada que ocultar", y vinculó la transparencia con "abrir las puertas de las instituciones" y entregar la información pública correspondiente. Sin embargo, dejó condicionada cualquier reanudación de las sesiones conjuntas a que existan garantías de respeto recíproco y cese la narrativa que desnaturaliza el propósito de la transición. El gobierno saliente mantiene así su compromiso con los deberes constitucionales, pero desde una posición de ruptura temporal con el equipo entrante.