Justicia de EE. UU. condena a abogado estadounidense por difamación y falsos testigos en caso Drummond

Un tribunal de justicia en Estados Unidos condenó al abogado estadounidense Terry Collingsworth por difamación y violación de la Ley RICO (delincuencia organizada) tras determinar que manipuló testimonios de exparamilitares mediante pagos en efectivo para fabricar acusaciones falsas contra la empresa Drummond. La sentencia, confirmada por pruebas de transferencias bancarias y correspondencia incautada, impone condenas que superan los 250 millones de dólares en reparación de perjuicios.

Los procesos concluidos corresponden a demandas que Drummond presentó hace varios años contra Collingsworth, quien previamente había acusado a la carbonera de financiar grupos paramilitares. El tribunal identificó dos líneas de responsabilidad: una por actos de difamación contra la compañía y otra por organización delictiva bajo la normativa federal estadounidense.

Pruebas de soborno a testigos

Durante el litigio, el juez levantó la confidencialidad de comunicaciones cliente-abogado, lo que permitió acceder a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre Collingsworth, sus colegas colombianos y los exparamilitares. Esa documentación reveló conversaciones en las que se ofrecía dinero a cambio de declaraciones contra Drummond. Un exparamilitar declaró bajo juramento ante la Fiscalía en 2018 que Iván Otero, abogado colombiano vinculado al caso, lo visitó en la cárcel ofreciéndole un millón de dólares para que testificara falsamente contra la empresa. Asimismo, quedó constancia de que algunos de los supuestos testigos expresaban en correos que no tenían información sobre Drummond, pero aceptaban participar si recibían compensación.

Los registros de giros bancarios internacionales confirmaron las transferencias de fondos hacia cuentas de los exparamilitares y sus familias. También aparecía documentación sobre pagos a funcionarios del Inpec para facilitar reuniones entre los abogados y los privados de la libertad. Según los hallazgos, tras recibir los pagos, los testigos modificaban sus versiones iniciales para incriminar a Drummond, lo que el juez David Proctor consideró un engaño a la corte y fraude procesal.

Sanciones severas contra Collingsworth

El juez Proctor impuso castigos que van más allá de lo económico. Prohibió a Collingsworth ejercer como abogado en ese estado y ordenó notificar a otras jurisdicciones sobre la sentencia. Además, lo obligó a informar en qué otros lugares del mundo se utilizaron esos testimonios falsificados para que las autoridades competentes conozcan las conclusiones del fallo. El tribunal remitió copias del expediente al Departamento de Justicia para investigación penal, reconociendo que las conductas tienen implicaciones criminales más allá del ámbito civil.

En cuanto a reparación de perjuicios, la sentencia ordena que Collingsworth pague 52 millones de dólares por el caso de difamación, más intereses y costas procesales. Por la violación de la Ley RICO, la condena inicial fue de 68 millones de dólares, que conforme a la normativa federal se triplica a más de 204 millones. La responsabilidad es solidaria entre todos los condenados, lo que significa que la parte demandante puede exigir el total a cualquiera de ellos. Los demandados incluyen además a Iván Otero y Albert van Bilderbeek, cuya condena ya está en firme.

Las sentencias representan un giro en los litigios que rodean las acusaciones históricas contra Drummond. Collingsworth había presentado la demanda original contra la carbonera en jurisdicción estadounidense, pero los tribunales determinaron que basó su caso en testimonios adulterados y que incurrió en conducta fraudulenta deliberada para respaldar afirmaciones falsas. El proceso evidenció cómo durante años se movieron recursos entre abogados de dos países y cárceles colombianas para construir un caso sobre mentiras pagadas.