Presidente Espriella firma decreto de emergencia económica y social por terremoto que azotó a Colombia

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del miércoles 19 de agosto el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública. La medida regirá durante 30 días consecutivos y le permitirá al Gobierno implementar acciones extraordinarias para enfrentar la devastación provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que se registró el pasado 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo causó un balance preliminar de 319 muertos, 4.469 heridos y 260 personas desaparecidas. El terremoto alcanzó una profundidad de 103,4 kilómetros y generó 393 réplicas registradas hasta el 19 de agosto. Las autoridades advierten que estas cifras pueden aumentar debido al relieve montañoso, la dispersión rural y los deslizamientos que han dificultado las verificaciones en terreno.

Alcance territorial y magnitud de los daños

El decreto ordena que la emergencia rija en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Además, podrá extenderse a otros municipios en los que se demuestre afectación concreta derivada del fenómeno natural y sus réplicas. Según el reporte de la Ungrd, el sismo provocó daños directos en 15 departamentos y 471 municipios, con concentración crítica en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

El inventario de destrucción es extenso: 30.803 viviendas demolidas, 151.433 averiadas, 302 edificios colapsados y 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud afectados. Los reportes también registran daños en 14 puentes peatonales, 70 puentes vehiculares, 450 vías, 110 acueductos, cinco aeropuertos y 18 bancos. El sismo dejó también a 151.133 familias y 272.830 personas damnificadas en todo el territorio nacional. En el sector animal, se contabilizaron 1.731 afectados, de los cuales 549 fueron rescatados.

Facultades extraordinarias y medidas de reconstrucción

Con la firma del decreto, el Ejecutivo activa un régimen excepcional limitado en el tiempo y territorio. Según lo establecido en el documento, el Ministerio del Interior deberá rendir un informe motivado al Congreso. Igualmente, el decreto debe ser remitido a la Corte Constitucional al día siguiente de su firma, y se debe comunicar la adopción de la medida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Gobierno prevé expedir decretos legislativos que habiliten nuevas fuentes de recursos, reasignaciones presupuestarias, alivios tributarios temporales y operaciones de crédito más ágiles. También contempla el uso de recursos del Sistema General de Regalías, ampliación del programa Obras por Impuestos y mecanismos extraordinarios con activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estas herramientas buscan superar las restricciones fiscales que limitan la capacidad de respuesta del Estado.

El impacto económico preliminar del desastre se calcula en al menos 30 billones de pesos, cerca del 1,8% del producto interno bruto del país. Una estimación del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ubica un rango probable de pérdidas entre mil millones y diez mil millones de dólares. El pasivo de escombros se estima entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas.

Efectos en servicios básicos e infraestructura crítica

El terremoto generó fallas generalizadas en el suministro de agua potable, gas, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica. La demanda de energía no atendida llegó inicialmente al 18% a nivel nacional, pero para el 13 de agosto el restablecimiento había alcanzado el 97% en las regiones afectadas. En transporte aéreo, siete terminales resultaron dañadas: Cali, Pereira, Cartago, Armenia, Quibdó, Manizales y Buenaventura, que en conjunto movilizaban el 10,8% de pasajeros del país en el primer semestre de 2026. Pereira y Cartago permanecen sin operar por daños graves en su infraestructura.

Los cierres y restricciones viales afectan corredores críticos para la carga y el abastecimiento. Los 15 departamentos afectados aportan el 11,5% del abastecimiento total de alimentos del país, con peso especial en verduras, carnes, alimentos procesados, frutas, lácteos y huevos. Esta situación ha generado desabastecimiento en diferentes regiones, especialmente en el suroccidente. En el frente ambiental, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos por escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos y afectación de fauna silvestre.

Antes de firmar el decreto formal, el Gobierno ya había activado mecanismos ordinarios, incluida la declaración previa de desastre nacional y la respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estas acciones incluyen evacuaciones, alojamientos, remoción de escombros, traslados de pacientes, priorización eléctrica para servicios esenciales y suspensión de términos judiciales y tributarios. Sin embargo, según se expresó en el documento firmado, estas herramientas resultaron insuficientes por limitaciones jurídicas, de tiempo y de recursos disponibles.