Representante del Centro Democrático pide a Abelardo de la Espriella derogar decreto sobre reservas naturales

A cinco días de asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella enfrenta nuevas demandas de sectores políticos. La representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Ana Ligia Mora, dirigió una carta pública al mandatario electo solicitando la derogatoria del Decreto 0044 de 2024 y las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales creadas bajo esta norma. La misiva fue divulgada a través de redes sociales y expone argumentos jurídicos, técnicos y sociales en contra de la medida.

Según Mora, el decreto y sus declaratorias asociadas imponen restricciones absolutas sobre aproximadamente 120.000 hectáreas a nivel nacional sin contar con estudios de costo-beneficio ambiental. La representante subraya que estas limitaciones se presentan como "temporales" pero permiten prórrogas indefinidas de hasta cinco años o más, lo que en la práctica equivale a una exclusión territorial prolongada sin horizonte claro de finalización.

Paralización de actividades y efectos socioeconómicos

En su argumentación, Mora sostiene que las Áreas de Reserva Temporal paralizan la actividad formal, desincentivan la inversión y generan inseguridad jurídica para quienes iniciaron procesos de formalización y licenciamiento de buena fe. La representante asegura que la paralización de proyectos ha significado pérdida de empleo, inversión y recaudo tributario, afectando directamente el desarrollo local y regional. Al no ofrecer alternativas económicas viables para las comunidades, ha incentivado la migración de actividades hacia la informalidad y la ilegalidad, con consecuencias negativas tanto para la economía como para el ambiente.

Experiencia y ejemplos en el terreno

La solicitud de Mora se fundamenta en su experiencia como exdirectora de Corantioquia, entidad desde la cual asegura haber constatado la ineficacia de figuras restrictivas como las Áreas de Reserva Temporal. Como ejemplo concreto, cita el caso del suroeste antioqueño, en el corredor entre La Pintada y Bolombolo (Venecia), donde la reserva temporal no ha detenido la minería ilegal, sino que ha generado un aumento de operaciones informales, alteraciones del orden público y tensiones sociales.

La representante también cuestiona que el decreto distorsiona el principio de precaución ambiental consagrado en la Ley 99 de 1993 y vulnera la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), responsables de la planificación y el manejo sostenible de los recursos naturales en sus jurisdicciones. Mora advierte que la imposición de normas sin consulta ni articulación con las entidades territoriales y la sociedad local ha agravado la crisis en las regiones afectadas.

En su conclusión, Mora plantea la urgencia de reemplazar el decreto por un mecanismo legal alternativo basado en criterios estrictamente técnicos y en diálogo con las autoridades locales. Señala que "el Estado no puede limitarse a emitir prohibiciones vacías que terminan deteriorando el entorno social, económico y ambiental de los territorios" y aboga por avanzar hacia una política pública efectiva que fomente la formalización y combata de manera directa la criminalidad asociada a la explotación ilegal de recursos.