Secretario de Seguridad del Valle denuncia abandono estatal en lucha contra criminalidad durante gobierno Petro

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, denunció que durante la administración Petro las entidades territoriales enfrentaron solas la expansión de grupos armados ilegales en la región. En conversación con este medio, el funcionario cuestionó la política de seguridad del gobierno nacional saliente y expresó la esperanza de que la nueva administración central muestre mayor compromiso para recuperar el control territorial que se ha perdido en el departamento.

Según Londoño, el esfuerzo institucional de gobernaciones y entidades territoriales fue evidente durante los últimos años, pero insuficiente ante la magnitud de la amenaza criminal. El funcionario subrayó que el Valle del Cauca, junto con Antioquia, Tolima y Meta, estuvo en una «puja permanente» por contener la expansión territorial de organizaciones criminales, pero las capacidades locales resultaron limitadas frente a un fenómeno que desbordó las posibilidades de respuesta regional.

Crecimiento acelerado de grupos armados

Los números que presenta la administración departamental reflejan una escalada sin precedentes de la criminalidad organizada en la región. De acuerdo con cifras de centros especializados de estudios, los grupos armados ilegales crecieron más del 33% en el Valle del Cauca durante el último cuatrienio. El caso del Clan del Golfo es particularmente alarmante: pasó de tener presencia en 145 municipios en 2022 a más de 330 en 2025. En términos de personal, la organización amplió sus filas de aproximadamente 4.900 integrantes a alrededor de 9.900 hombres en el mismo período.

Londoño reconoció que aunque el Clan del Golfo tiene presencia en el Valle del Cauca, su magnitud no es comparable con la del Estado Mayor Central, estructura dependiente del bandido Iván Mordisco, ni con las disidencias de las Farc. Sin embargo, señaló que se han registrado intentos permanentes de expansión, particularmente en el norte del departamento y en zonas estratégicas del Pacífico como el Bajo Calima, donde se han presentado enfrentamientos entre diferentes grupos criminales por el control de corredores que conectan con Buenaventura.

Disputas territoriales y economía criminal

El corredor del Cañón de las Garrapatas, ubicado en Buenaventura, se ha convertido en un punto de disputa crítico entre el Estado Mayor Central, el ELN y el Clan del Golfo, dada su posición como frontera internacional con el Chocó. Según la autoridad departamental, estas estructuras criminales han diversificado sus operaciones más allá del control territorial directo: establecen redes comerciales con organizaciones mexicanas y europeas, utilizan modelos de outsourcing contratando microbandas locales, y crean cadenas logísticas que traspasan fronteras para facilitar sus operaciones ilícitas.

Con poco más de un año y medio para concluir la administración del gobernador Dilian Francisca Toro, la Gobernación del Valle del Cauca ha elevado su llamado por mayor coordinación con el nuevo Gobierno Nacional. Las autoridades departamentales sostienen que aunque han fortalecido la institucionalidad local y realizado inversiones para potenciar la Fuerza Pública, el reto de seguridad requiere de un compromiso articulado desde el nivel central para recuperar territorios que durante años han sido disputados por grupos armados ilegales.