Solo la reforma laboral avanzó: balance de las cinco apuestas sociales del Gobierno Petro

Con el cambio de administración a solo semanas de distancia, el balance de las cinco principales reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro muestra un saldo muy limitado: apenas una logró convertirse en ley y comenzar su implementación. Las demás enfrentaron obstáculos legislativos, decisiones adversas de las cortes y dificultades de gestión que las mantienen estancadas o en riesgo de desaparecer.

Desde el inicio de su mandato el 7 de agosto de 2022, Petro planteó estas reformas como apuesta central para mejorar las condiciones de vida de la población y cerrar brechas sociales. Sin embargo, solo la reforma laboral superó el trámite legislativo completo, mientras que la reforma a la salud, la pensional, la agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad registran diferentes niveles de parálisis o inconstitucionalidad.

La reforma laboral: la única que llegó a la meta

La reforma laboral fue sancionada por el presidente Petro el 25 de junio de 2025, tras uno de los debates más complejos del cuatrienio. La iniciativa perdió impulso en el Senado, lo que llevó al Ejecutivo a promover una consulta popular que fue hundida, generando controversia. Eventualmente fue retomada mediante apelación y aprobada finalmente por el Legislativo. Su implementación será gradual hasta 2027. Entre los cambios contemplados está el aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo hasta el 100%, el reconocimiento del trabajo nocturno desde las 7:00 p. m., la reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales, y nuevas condiciones para aprendices del Sena, estudiantes de medicina y trabajadoras del servicio doméstico. Según expertos, aún no hay elementos suficientes para medir con precisión sus efectos sobre el mercado laboral, aunque la reforma fue diseñada para fortalecer la protección de quienes ya se encuentran en la formalidad.

Salud y pensiones: obstáculos en las cortes

La reforma al sistema de salud enfrentó las mayores dificultades. El primer proyecto, presentado en 2023, fue archivado por el Congreso en 2024 tras cuestionamientos sobre sostenibilidad financiera. Una segunda propuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo corrió la misma suerte. Aunque una apelación permitió su resurgimiento en el último período legislativo, el calendario electoral impidió avance alguno. El Gobierno optó por implementar decretos con sus propuestas, como el Modelo de Salud Preventivo y los Equipos Básicos de Salud, de los cuales ya funcionan más de 10.000 según el Ministerio. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó transparentar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y suspendió su uso para financiar los equipos. El Consejo de Estado anuló el decreto para trasladar afiliados entre EPS, y la Contraloría investiga posibles irregularidades en la ejecución de recursos.

La reforma pensional fue aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, pero permanece en suspenso. La Corte Constitucional devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes al considerar insuficiente el debate durante su aprobación. Aunque el Congreso volvió a votar la iniciativa, el alto tribunal aún no emite decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Mientras tanto, el Gobierno avanzó con el Decreto 1342 de 2025, incrementando el subsidio de Colombia Mayor. La iniciativa generó diferencias entre el Gobierno y gremios sobre el umbral de cotización al sistema público, y la Fiscalía General investiga si recursos presuntamente desviados de la Ungrd fueron utilizados para favorecer su aprobación en el Congreso.

Igualdad: ministerio en liquidación

El Ministerio de la Igualdad, creado mediante la Ley 2281 de 2023 bajo la dirección de la entonces vicepresidenta Francia Márquez, buscaba concentrar en una sola entidad las políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. No obstante, la Corte Constitucional determinó vicios de trámite por ausencia del aval fiscal. Aunque permitió que continuara temporalmente mientras el Congreso corregía inconsistencias, el Legislativo no alcanzó a hacerlo dentro del plazo fijado, dejando la entidad en proceso de liquidación.

Con el cambio de administración próximo a ocurrir, el balance del cuatrienio Petro en materia de reformas sociales refleja las dificultades de impulsar transformaciones profundas en un entorno legislativo dividido y ante decisiones de cortes que frenaron varias iniciativas. La reforma laboral queda como el único legado legislativo consolidado de esta apuesta transformadora.