Armada Nacional incauta explosivos y armamento del ELN en operativo en el Pacífico

La Armada Nacional logró un golpe directo contra la estructura criminal del ELN en el Pacífico colombiano al incautar explosivos y armamento de alto impacto destinados a ataques terroristas. Durante una operación desarrollada en el litoral del San Juan, departamento de Chocó, como parte del Plan Ayacucho, los uniformados localizaron 16 granadas adaptadas para drones, una mina antipersonal, diversas armas de fuego, municiones y material de intendencia que habrían sido utilizados para sembrar terror en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el operativo y resaltó que el decomiso interrumpió acciones terroristas planificadas. Según el funcionario, estos dispositivos explosivos y tecnológicos «serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil», por lo que su incautación representa un impacto directo en las capacidades ofensivas del cartel.

Evolución de métodos criminales

El hallazgo evidencia la sofisticación alcanzada por el grupo armado, que ha incorporado tecnología avanzada para incrementar su poder de fuego y alcance en zonas rurales. Las granadas adaptadas para drones demuestran una adaptación de tácticas que busca maximizar el alcance de sus operaciones ilícitas en territorios de difícil acceso en el Pacífico.

El ministro Sánchez reconoció el valor y compromiso de los marinos que participaron en el enfrentamiento directo con miembros de la organización delincuencial. Además, enfatizó que este tipo de resultados refuerzan la estrategia estatal para enfrentar a grupos armados ilegales y proteger a las comunidades más afectadas por la violencia en regiones fronterizas.

Llamado a la colaboración ciudadana

Las autoridades aprovecharon el anuncio para invitar a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de canales directos, con garantía de reserva absoluta. El ministro subrayó que «el Estado somos todos y los buenos somos más», reflejando el compromiso institucional en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de la población en territorios estratégicos donde operan organizaciones criminales.