Fiscalía expone red de corrupción en Fondo Mixto Sierra Nevada: exalcaldes y gobernadores investigados

La Fiscalía General de la Nación ha expuesto nuevos detalles de una estructura criminal que operó dentro del Fondo Mixto Sierra Nevada, revelando un esquema de corrupción que habría permitido desviar más de 3 billones de pesos a través de 480 contratos irregulares distribuidos en 19 departamentos del país. Las indagaciones muestran que exalcaldes, gobernadores y una red de empresarios habrían participado en la adjudicación discrecional de recursos públicos utilizando empresas satélite y prácticas de autocontratación.

El Fondo Mixto Sierra Nevada, constituido en marzo de 2021 con un patrimonio inicial de apenas cinco millones de pesos, logró captar y administrar 3,1 billones de pesos en pocos años. La denuncia inicial provino del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que identificó irregularidades en 143 proyectos, entre ellas pagos por obras inexistentes, financiamiento de proyectos ya construidos y diseños deficientes.

Estructura delictiva y control familiar

Según la Fiscalía, la entidad fue ideada y controlada desde su origen por la familia Daza, con conexiones directas a empresas del contratista Emilio Tapia. Las investigaciones revelaron que en la formalización del fondo se detectaron actas presuntamente alteradas y certificaciones falsas de la presencia de socios. En uno de los casos más graves, se probó que Andrés Felipe Cleves Daza figuraba como presente en la constitución, pero registros de Migración Colombia demostraron que ni siquiera estaba en el país en esa fecha.

El ente acusador describió un 'pool de proveedores' controlado de forma discrecional, donde los directivos del fondo adjudicaban contratos a su libre albedrío. También señaló que los mismos directivos se contrataban a sí mismos como supervisores y utilizaban empresas 'satélite' o de papel para enmascarar las operaciones. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la declaración de un supuesto socio fundador quien aseguró que nunca participó realmente en el fondo ni conoció a sus miembros, pese a figurar como accionista hasta 2023.

Rol de funcionarios públicos

Las diligencias reservadas establecieron que el exalcalde de La Paz Martín Zuleta, capturado por las autoridades, fue quien creó el manual de contratación privada del fondo y presuntamente favoreció a familiares con asignación de contratos. Por su parte, la actual alcaldía de María La Baja bajo Ramiro González permitió que el municipio ingresara como socio público en agosto de 2024, lo que facilitó que la entidad continuara recibiendo recursos del sistema de regalías. Sin embargo, la Fiscalía alega que esta vinculación fue únicamente una fachada, ya que el municipio nunca realizó el aporte económico comprometido.

Desde esa entrada como socio municipal, la contratación pública del fondo se disparó. Los investigadores sostienen que González eludió el régimen de contratación estatal y adjudicó directamente contratos de regalías a la entidad. Entre los capturados figuran Esteban José Cleves Daza y Andrés Felipe Cleves Daza, quienes ocuparon cargos estratégicos y, según la Fiscalía, nunca se desligaron de la toma de decisiones a pesar de renuncias aparentes. En un movimiento catalogado como simulación, Andrés Felipe adquirió una empresa de ingeniería e ingresó esta como socia justo antes de formalizar su salida.

También fueron capturadas María Alexandra Pérez Daza y Patricia Cerchiaro Carranza, identificada por la Fiscalía como tía política de los Cleves Daza. La red criminal involucra además a contratistas, funcionarios y supervisores conectados por vínculos de parentesco o beneficiados con contratos otorgados de manera irregular. Las indagaciones detectaron pagos cruzados, anticipos del 50% en contratos y operaciones que superaban la capacidad operativa de una entidad con apenas cinco años de existencia.

Investigación contra gobernadores y anomalías internas

La Fiscalía ha compulsado copias para investigar la responsabilidad de cinco gobernadores y dos exgobernadores cuyos nombres aparecen ligados a contratos del Fondo Mixto Sierra Nevada. Adicionalmente, la investigación abarca presuntas irregularidades dentro de la misma Fiscalía, como la pérdida de documentación clave, motivo por el cual se compulsaron copias para esclarecer posibles responsabilidades internas. Los investigadores advierten sobre el posible uso indebido de disposiciones legales que permitieron a entidades territoriales designar ejecutores públicos con régimen de contratación exceptuado, facilitando presuntos abusos y desviación de recursos.