Fiscalía imputa a Daniel Quintero y 12 personas más por presunto detrimento de $40.000 millones en caso Aguas Vivas

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, junto a 12 personas más por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la operación del lote Aguas Vivas, que habría generado un detrimento patrimonial superior a $40.000 millones para la capital antioqueña. La audiencia de acusación se reanudó este 2 de julio ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, con sesiones programadas hasta el 14 de julio.

Entre los imputados figuran nueve exfuncionarios de la administración Quintero y tres particulares. La Fiscalía sostiene que en la operación se reconocieron montos indebidos a empresas y personas vinculadas al caso. Los cargos incluyen presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Medellín reconocida como víctima

El juzgado reconoció al Distrito de Medellín como víctima dentro del proceso judicial, una decisión que le permite intervenir de forma formal en el expediente. Esta actuación habilita a la Administración distrital para solicitar pruebas, presentar observaciones y participar en las audiencias venideras, aunque el reconocimiento no anticipa responsabilidades penales ni condena alguna contra los acusados.

El caso representa el expediente penal más avanzado contra Quintero. Ha superado la etapa de imputación y se encuentra actualmente en la fase de formulación de acusación, donde la Fiscalía sustenta los cargos y expone los elementos materiales probatorios. El calendario judicial se ha extendido por recursos, solicitudes de nulidad y aplazamientos presentados durante los últimos meses.

Tensión política y judicial

El avance del caso mantiene tensión política y judicial en torno a la permanencia de Quintero al frente de la Superintendencia Nacional de Salud. La situación se intensificó cuando el funcionario confirmó el 30 de junio una denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia por presunta obstrucción a labores de inspección. Según Quintero, los directivos de la entidad se negaron a entregar información solicitada por auditores de su despacho, hecho que calificó como "sin precedentes" en la historia de Supersalud.

Ante lo ocurrido, Quintero anunció que la Superintendencia adelantaría acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, además de actuaciones administrativas que incluyen la posible imposición de multas sucesivas contra la entidad vigilada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el contexto judicial en junio, expresando esperanza de que los procesos se tramiten "en el marco de la ley y de sus competencias" y no como "un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia".