Fiscalía imputa a Roberto Prieto por enriquecimiento ilícito en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación reabrió el frente judicial del caso Odebrecht en Colombia al formular imputación contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Los cargos serán por enriquecimiento ilícito y fraude procesal, en relación con presuntos aportes no reportados de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.

Según la Fiscalía, Prieto Uribe incumplió la obligación de informar al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre dineros recibidos los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014 procedentes de Odebrecht. Los pagos, valorados en USD 1.000.000, correspondían a servicios de investigación dirigidos a medir la evolución y favorabilidad de la candidatura de Santos Calderón en la contienda electoral de ese año.

La cadena de operaciones: de Odebrecht a paraísos fiscales

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el dinero llegó a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la cual era responsable de los sobornos en Colombia y otros países de América Latina. Los recursos fueron canalizados mediante las sociedades extraterritoriales Kleinfeld Limited e Innovation Research Engineering and Development, ambas radicadas en Antigua, para evitar el rastreo de los fondos. El pago finalmente fue depositado a nombre de Paddington Ventures.

La Fiscalía sostiene que la omisión de estos dineros en los informes de ingresos y egresos de primera y segunda vuelta buscó ocultar que la campaña había superado los topes fijados por la Resolución 289 de 2014. Pese a esta presunta irregularidad, el CNE avaló las cuentas de campaña y reconoció a favor del Partido de la U el derecho a la reposición de votos.

Desembolsos millonarios derivados de la presunta irregularidad

Ese reconocimiento del CNE derivó en desembolsos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil por un total cercano a $16.000.000.000. En detalle, fueron girados $6.576.386.975 por la primera vuelta y $9.468.938.803 por la segunda, pagos efectuados el 26 de diciembre de 2014. La reactivación del expediente se produjo por decisión de un grupo de tareas especiales de la Fiscalía, con base en información del Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco) de agosto de 2023, además de consultas que realizó la justicia de Estados Unidos sobre los avances de la investigación.

Este no es el primer proceso que enfrenta Prieto Uribe ante los tribunales colombianos. Anteriormente fue condenado a cinco años de prisión por ejercer su influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la entrega de un contrato de la Ruta del Sol. Entre los antecedentes de la investigación figuran audios en los que reconoció pagos de Odebrecht y expresiones vinculadas con la defensa del entonces mandatario Santos.

La defensa cuestiona la acusación

El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien representa a Prieto Uribe, rechazó la decisión de la Fiscalía y calificó la citación como "inexplicable y contraevidente". Según la defensa, los hechos fueron conocidos por el ente acusador desde 2017. Yepes sostiene que su cliente "no participó y no conoció" que Odebrecht hubiera realizado la encuesta de opinión, argumentando que ese gasto no se recibió ni se reportó a la gerencia como parte de los gastos de campaña.

La defensa indica que no corresponde atribuir responsabilidad penal a Prieto Uribe por actuaciones que provinieron de la empresa privada y no de la gerencia de campaña. Con este argumento busca desligarlo tanto del origen como del propósito que Odebrecht habría dado al pago de los servicios de investigación. El caso marca un nuevo capítulo en la investigación sobre los aportes irregulares de la constructora brasileña a diferentes campañas políticas en Colombia durante el ciclo electoral 2014.