Gobierno impulsa extinción de dominio exprés para recuperar bienes de corruptos y reparar víctimas

El gobierno presidencial impulsa una estrategia judicial de extinción de dominio exprés como mecanismo para perseguir a los corruptos y recuperar bienes ilícitos con los que financiar la reparación de víctimas del conflicto armado. La propuesta busca reducir significativamente los tiempos procesales de expropiación de bienes inmuebles y capitales vinculados a economías ilícitas, canalizando esos recursos hacia el Fondo para la Reparación de Víctimas.

El mandatario ha cuestionado públicamente la efectividad de los mecanismos actuales de recuperación de recursos públicos apropiados. Según sus pronunciamientos, la impunidad para los responsables de corrupción persiste mientras que la desprotección de las víctimas continúa siendo una realidad. El gobierno considera que el andamiaje institucional actual ha quedado rezagado frente a estos desafíos.

Una ofensiva judicial contra el saqueo estatal

La extinción de dominio exprés representa un cambio en la lógica de recuperación de activos: pasar de la dependencia de entregas voluntarias por parte de grupos armados ilegales a una ofensiva investigativa e incautadora impulsada activamente por el Estado. El gobierno asegura que los tiempos procesales se reducirían a 25 días, permitiendo identificar rápidamente bienes de funcionarios y sus testaferros adquiridos con recursos del erario.

Según documentos del plan de gobierno, entre 2016 y 2022 Colombia perdió 21,28 billones de pesos por corrupción. De esa cifra, apenas se logró recuperar 9,28 billones, dejando un déficit considerable que ha impactado directamente en la falta de inversión en hospitales, carreteras y oportunidades para la población. Esta brecha evidencia la necesidad de mecanismos más expeditos.

Reparación de víctimas del conflicto en riesgo

El fortalecimiento de estos mecanismos también apunta a resolver un problema estructural en la reparación a víctimas del conflicto armado. Los informes de la Contraloría General de la República han documentado incumplimientos en los inventarios de bienes entregados por grupos armados ilegales, con solo un pequeño porcentaje monetizado para fondos de reparación. Muchos de estos bienes están ubicados en zonas de difícil acceso o carecen de títulos legales saneados, generando trámites demorados y resultados insuficientes.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar el patrimonio confiscado, ha presentado retrasos en avalúos, deterioro de inmuebles y falta de medidas efectivas para lograr objetivos de reparación colectiva. El gobierno considera que esta ineficiencia ha dejado en deuda a millones de víctimas que perdieron seres queridos, fueron desplazados o sufrieron daños irreparables por el conflicto armado.

La propuesta presidencial se enmarca en una "ruta de restauración" más amplia enfocada en limpiar institucionalmente al país. El gobierno ha enfatizado que recuperar dinero, desmantelar estructuras de corrupción y confiscar patrimonios construidos ilícitamente son objetivos prioritarios. Esta agenda busca materializar el principio de que lo público es sagrado y no debe ser objeto de saqueo político.