Gobierno revoca decreto de mercados de carbono y prepara nuevo marco regulatorio

El Gobierno nacional revocó el Decreto 973 de 2026, la norma que establecía las reglas para el funcionamiento de los mercados de carbono en Colombia. La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante la Climate Week Medellín 2026, quien explicó que la acción responde a razones jurídicas y a la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales operará este mecanismo en el país.

El decreto expedido el 4 de agosto de 2026 había establecido un marco completo para organizar los mercados de carbono e instrumentos relacionados con el precio de las emisiones. La norma definía reglas sobre cómo podían generarse, verificarse, registrarse y comercializarse los resultados de reducción o captura de gases de efecto invernadero, permitiendo que proyectos de conservación de bosques o actividades productivas generaran certificados para ser adquiridos por otros actores.

Estructura del decreto revocado

La normatividad contemplaba dos tipos de mercados: uno de cumplimiento, vinculado a obligaciones estatales como el impuesto nacional al carbono y otros instrumentos regulatorios, y otro voluntario, donde empresas u otros actores podían adquirir certificados sin obligación legal directa. Además, creó el Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado de Carbono e Instrumentos de Precio al Carbono, con procedimientos de seguimiento, verificación y control, así como reglas de transparencia para conocer la información sobre proyectos y resultados. Las funciones se distribuían entre los ministerios de Ambiente, Interior, Comercio y Hacienda, así como la Superintendencia de Industria y Comercio.

Nueva propuesta del Ejecutivo

Tras anunciar la revocatoria, el ministro Arjona señaló que el Gobierno busca reconstruir el mercado bajo un nuevo marco que permita mayor confianza para quienes participan en proyectos de carbono. Según las autoridades, el objetivo es que estos mercados funcionen como instrumento capaz de movilizar recursos hacia la conservación ambiental. Para lograrlo, la administración anunció la intención de recuperar el 100 % de la no causación del impuesto al carbono dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que busca fortalecer la demanda de certificados y aumentar el valor económico asociado al carbono en el mercado nacional.

Con esta estrategia, el Ejecutivo pretende generar mayores incentivos para proyectos vinculados con conservación, reducción de emisiones y servicios ecosistémicos. La revocatoria no significa el abandono de los mercados de carbono, sino su reemplazo por un esquema que combine seguridad jurídica con mecanismos que permitan que proyectos de conservación encuentren mayores fuentes de financiación.

Por el momento, no se conocen todos los detalles de la propuesta que sustituirá el decreto ni el cronograma para su expedición. Las discusiones se concentrarán en definir cómo se garantizarán la transparencia, la verificación de proyectos, la participación de entidades públicas y privadas, y las condiciones para atraer inversión nacional e internacional al país a través de estos mecanismos.