Miguel Uribe Londoño rechaza preacuerdo de la Fiscalía con alias El Costeño por magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresó su indignación ante la decisión de una jueza de Bogotá de aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General y Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o El Chipi, principal responsable del magnicidio ocurrido hace más de un año. Bajo este acuerdo, Arteaga recibirá una condena de 26 años y 3 meses de prisión, sustancialmente menor a la pena inicial solicitada.

El atentado tuvo lugar el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el Parque El Golfito de Bogotá. Miguel Uribe Turbay, quien entonces tenía 39 años, resultó herido en el ataque ejecutado por un menor de edad. El exsenador falleció el 11 de agosto de 2025, aproximadamente dos meses después, en la Fundación Santa Fe de la capital.

Las críticas de la familia

Desde sus redes sociales, Uribe Londoño cuestionó severamente la actuación de la Fiscalía. "Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años", afirmó. El padre del asesinado político reconoció el trabajo investigativo realizado por el ente acusador, pero consideró que en este punto la institución se equivocó al aceptar el preacuerdo. "No debieron aceptar ese acuerdo porque no colaboró con la justicia", agregó.

Para Uribe Londoño, el papel de Arteaga en el crimen fue determinante. "Fue quien organizó este crimen y reclutó al menor que ejecutó el asesinato", señaló. El exaspirante presidencial pidió que se aplique todo el peso de la ley al organizador del magnicidio, enfatizando que el caso fue catalogado como un crimen imprescriptible y de lesa humanidad.

Alcance del preacuerdo

El acuerdo con la Fiscalía también contempla una condena de 21 años y 9 meses para William Fernando González Cruz, alias El Hermano, considerado cómplice en la planeación y ejecución del homicidio. Ambos fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores para cometer delitos. El fiscal indicó que la información aportada por los procesados permitió avanzar hacia la identificación de los autores intelectuales.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, también se opuso a la decisión adoptada por la jueza novena Penal del Circuito de Bogotá. Esta posición refleja el rechazo generalizado de quienes estuvieron cercanos a la víctima respecto a las condiciones negociadas con los procesados.

Investigación continúa

A pesar de las condenas contra Arteaga y González Cruz, la investigación no se ha cerrado. Las autoridades buscan establecer con precisión la cadena de mando y la posible vinculación de otros cabecillas de la estructura criminal conocida como Segunda Marquetalia. Las pesquisas se centran en determinar quiénes ordenaron el ataque y si existieron móviles políticos adicionales detrás del magnicidio.

Uribe Londoño concluyó su declaración afirmando que "tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen". Para el padre del exsenador, la decisión judicial no tuvo en cuenta el impacto en las víctimas y cuestionó la política de justicia transicional del país. "Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales", sentenció.