Minería ilegal se dispara: retroexcavadoras de 11 toneladas ingresan sin control al país

Retroexcavadoras de color amarillo, capaces de pesar hasta 11 toneladas y medir más de cuatro metros de altura, continúan ingresando al país por vías secundarias y territorios selváticos sin que las autoridades logren detener su flujo. Estas máquinas, utilizadas por organizaciones criminales para la extracción ilegal de oro de aluvión, han generado un daño ambiental sin precedentes: en 2023 se registraron 79.846 hectáreas destruidas, la cifra más alta en la historia del país, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en alianza con el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno de Estados Unidos.

El panorama se ha deteriorado significativamente en los últimos años. En 2020 existían 69.198 hectáreas afectadas, lo que representaba el 70% de toda la minería de oro en territorio colombiano siendo ilícita. Gracias a operativos intensivos de la Fuerza Pública durante 2021 y 2022, la cifra se redujo a 64.000 hectáreas. Sin embargo, a partir de 2023 el incremento fue acelerado: se sumaron 19.713 hectáreas más, llevando el porcentaje de extracción ilegal al 76% del total nacional. Analistas advienen que durante los últimos dos años la expansión pudo haber aumentado entre 10% y 15% anualmente.

Reducción de operativos coincide con aumento de la actividad ilícita

Los datos muestran una correlación preocupante: mientras la minería ilegal se ha multiplicado, los operativos de control han caído dramáticamente. La Unidad Nacional contra la Minería Ilegal (Unimil) realizó 1.307 operaciones en 2020, cifra que descendió a 490 en 2025 y apenas a 189 en lo corrido de 2026. Esta reducción en las acciones de la Fuerza Pública ha coincidido con el incremento acelerado de las zonas minadas ilegalmente, generando un desafío crítico para las nuevas autoridades.

El control de la importación de maquinaria representa el eslabón débil del sistema de fiscalización estatal. Según análisis de expertos en seguridad nacional, la importación de estas retroexcavadoras —procedentes principalmente de Estados Unidos, China, Alemania y Corea del Sur— ocurre sin los controles anticipados suficientes. Las máquinas llegan al puerto con documentación inmediata, facilitando su ingreso irregular al país. Willy Valdivia, especialista en inteligencia artificial aplicada a defensa y seguridad, señala que "la importación de esa maquinaria amarilla es tal vez el principal cuello de botella que todavía el Estado no enfrenta".

Un negocio altamente rentable para el crimen organizado

La rentabilidad de esta actividad explica su rápida expansión. Estimativos oficiales indican que las organizaciones criminales recuperan completamente su inversión en una retroexcavadora —que oscila entre 300 y 650 millones de pesos— en apenas tres meses de operaciones. Con el oro a precios internacionales altos, la minería ilegal se ha convertido en la segunda fuente de financiamiento para grupos armados y criminales, solo después del narcotráfico. Análisis especializado revela que en más del 40% de las zonas donde operan cultivos de coca existe paralelamente maquinaria amarilla extrayendo oro ilícitamente.

Un investigador de la Fiscalía, que pidió reserva de su identidad, señaló que el principal obstáculo jurídico no es incautar la maquinaria, sino "demostrar quién la financia, quién la controla o quién se queda con el producto de la actividad ilegal". Este vacío legal ha dificultado judicializar de manera efectiva a los responsables, permitiendo que los equipos continúen operando incluso después de su incautación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó en febrero sobre la magnitud del problema. Solo en el Tolima identificaron alrededor de 600 máquinas amarillas operando ilegalmente, con más de 5.000 personas vinculadas a esta actividad en la zona. "Esto genera un desafío importante en materia de seguridad, que no se combate únicamente con las armas, sino que requiere intervención económica y social", afirmó la cartera. El anunciado Fenómeno del Niño podría agravar aún más la situación, reduciendo la producción de coca y haciendo que las organizaciones criminales dependan aún más de la minería ilegal como fuente de financiamiento.