Mineros de Santurbán denuncian resoluciones del MinAmbiente por vulnerar derechos y favorecer la ilegalidad

A menos de tres semanas del cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte en Santander cuestionaron tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente relacionadas con el macizo de Santurbán. Según los voceros, estas medidas afectarían la minería tradicional y legal, vulnerarían derechos de las comunidades y favorecer la explotación ilegal en la zona.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y del POMCA del Alto Lebrija, manifestó su preocupación señalando que con estas tres resoluciones "prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales". Agregó que los pequeños mineros que buscan ser formales, junto con los titulares mineros legales, serían desplazados para dejar el territorio a la ilegalidad. "Los pequeños mineros no somos delincuentes, somos víctimas de un complot politiquero", afirmó.

Cuestionamientos específicos a las resoluciones

El primer cuestionamiento está dirigido a la denominada "delimitación progresiva de Santurbán". Las organizaciones sostienen que el mecanismo no tendría viabilidad jurídica y recuerdan que el propio Ministerio de Ambiente respondió al Tribunal Administrativo de Santander en 2023 que una delimitación parcial no cumplía con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017, la cual exige concertar el proceso con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander involucrados.

También rechazaron la declaración de una zona de reserva permanente en el municipio de California (Santander), argumentando que fue expedida sin participación de las comunidades, en contravía del Acuerdo de Escazú. Asimismo, cuestionaron el documento técnico del Servicio Geológico Colombiano que sirvió de soporte para la medida, asegurando que presenta inconsistencias.

La tercera resolución corresponde a la prórroga de la zona de reserva temporal hasta 2029. Según las organizaciones, esta decisión deja en incertidumbre a seis municipios cuya economía depende de la minería y, desde su implementación en 2023, ha afectado a los mineros legales sin frenar la explotación ilegal del páramo.

Anuncio de acciones legales

Ante esta situación, las organizaciones anunciaron que presentarán denuncias por presunto fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra el Ministerio de Ambiente y los funcionarios responsables. González cuestionó el timing de las decisiones, señalando que fueron publicadas un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara nuevos estudios técnicos internacionales para revisar la controversia sobre el páramo.

Las organizaciones afirmaron que el proceso de delimitación de Santurbán fue abandonado por el Gobierno en 2023, como lo señaló el Tribunal Administrativo de Santander, y que solo fue retomado a menos de un mes de finalizar el mandato presidencial. González describió las decisiones como resultado de una "mesa de concertación exprés" y de reuniones realizadas sin participación de las comunidades ni organismos de control.

"Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de Santander para que impidan esta flagrante violación al debido proceso y a los derechos de participación de las comunidades", concluyó González, extendiendo la demanda a pobladores de Soto Norte, Bucaramanga y más de 20 municipios que considera fueron excluidos de la delimitación del Páramo.