Reforma agraria de Petro bajo investigación: entregaron tierras sin títulos y cumplieron apenas el 7% de la meta

La reforma agraria impulsada durante la administración Petro enfrentará investigaciones de autoridades penales y fiscales tras identificarse entrega de tierras sin títulos legales y cumplimiento de apenas el 7% de la meta con registro pleno. Según un informe conocido por Noticias Jamundí, a través del Fondo de Tierras se distribuyeron 351.463 hectáreas, pero únicamente 98.148 cuentan con un registro completo ante Instrumentos Públicos, mientras que 206.273 fueron entregadas de forma provisional.

El documento, denominado 'El libro de la verdad' y entregado a las autoridades competentes, advierte que campesinos beneficiarios de estos predios carecen de títulos que los respalden legalmente, a pesar de creer tener tierra propia. El informe caracteriza esta situación como una 'operación de maquillaje estadístico' que inflaba los resultados de la política pública sin garantizar la propiedad real de los terrenos.

Desembolsos sin titularización

Uno de los hallazgos más críticos señala un convenio marco firmado entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a través del cual se desembolsaron casi un billón de pesos a cambio de 537 predios. Sin embargo, solo tres de estos inmuebles han sido debidamente titularizados, lo que significa que la inversión no se reflejó en transferencias de propiedad efectivas.

El Gobierno De La Espriella precisó que el Equipo Élite, responsable de investigar posibles irregularidades y corrupción, interpuso denuncia penal, promovió acciones fiscales y preparó quejas disciplinarias para que las autoridades competentes evaluaran las responsabilidades correspondientes en estos casos.

Cuestionamientos a otros contratos

El informe también cuestiona un convenio por 17.003 millones de pesos suscrito entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para realizar eventos relacionados con la reforma agraria. Según el documento, las actividades logísticas fueron subcontratadas mientras el canal mantenía un porcentaje por administración e intermediación. Se advirtieron posibles sobrecostos, inconsistencias en registros fotográficos y vacíos en la trazabilidad de los pagos, hechos que fueron incluidos en una denuncia penal.

Adicionalmente, se cuestionó que la Agencia de Desarrollo Rural declarara hábil el sábado 8 de agosto para adelantar actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales, apenas un día después de la transición gubernamental. Esta decisión se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera una medida similar del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El Equipo Élite presentó denuncia penal por presunto prevaricato y solicitó a la Fiscalía determinar qué actuaciones se realizaron durante esa jornada extraordinaria.

El Gobierno De La Espriella enfatizó que los hallazgos del informe no constituyen condenas, por lo que corresponderá a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control establecer si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias derivadas de estas operaciones. El documento subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento en los procesos de adquisición de tierras financiados con recursos públicos.