UNGRD enfrenta crisis tras escándalo de corrupción durante gobierno Petro

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta hoy una paradoja crítica: mientras atiende la emergencia causada por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, debe hacerlo con las secuelas del mayor escándalo de corrupción que ha vivido la entidad en años recientes. Según reportó la Contraloría General en junio de 2024, los desvíos de recursos durante la administración anterior sumaron cinco billones de pesos en sobrecostos y corrupción, dejando a la institución con capacidades limitadas justo cuando más se necesita.

Puntos clave

• La UNGRD fue convertida en un 'fortín burocrático' durante el gobierno Petro, con contratos desviados hacia congresistas que apoyaban las reformas del ejecutivo

• La Contraloría detectó desvíos por cinco billones de pesos en irregularidades que incluyen sobrecostos en carrotanques, programas alimentarios falsos y obras regionales fraudulentas

• La entidad ahora enfrenta el terremoto del 10 de agosto con capacidades limitadas por el saqueo sistemático de recursos que debieron destinarse a emergencias

• Departamentos como Santander, La Guajira, Córdoba, Bolívar y Arauca fueron epicentros de contratación irregular, con sobrecostos que alcanzaron el billón de pesos en algunas zonas

El vicecontralor encargado en funciones, Carlos Mario Zuluaga, fue quien presentó en aquella oportunidad las cifras monumentales del saqueo. Según la Contraloría, la voraz rapiña comenzó en 2020 y fue sistemática durante toda la administración Petro. Los departamentos de La Guajira, Córdoba, Bolívar, Santander y Boyacá registraron los principales casos de contratación irregular. Tan solo en Santander se documentaron irregularidades por un billón de pesos, aunque las autoridades advirtieron que esa cifra podría aumentar significativamente.

De fortín burocrático a plataforma de robo

Según reveló la investigación fiscal, la UNGRD fue convertida durante el gobierno Petro en un 'lucrativo fortín burocrático' donde algunos servidores públicos administraron cuantiosos recursos desviándolos de su propósito original. La institución, que debía salvar vidas en situaciones de emergencia y desastre, se transformó en una plataforma para que grupos de congresistas de todas las vertientes políticas recibieran recursos a cambio de aprobar las controvertidas reformas del gobierno, en especial aquellas tramitadas ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Olmedo de Jesús López Martínez, exmilitante del M-19 y compañero de armas del expresidente Gustavo Petro, fue identificado como central en la administración de estos recursos durante su gestión en la entidad. Los documentos que López posteriormente entregó a la Fiscalía permitieron revelar la magnitud de las irregularidades.

Casos emblemáticos de desfalco

Uno de los casos más evidentes fue la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potable a zonas remotas de La Guajira. La Contraloría calculó que el detrimento alcanzó 16 mil millones de pesos. Aunque cada vehículo tenía un valor real de 30.800 millones de pesos según especificaciones técnicas, fueron reportados a 46.800 millones. Además de los sobrecostos, los carrotanques presentaban fallas técnicas graves, no tenían capacidad para acceder a zonas desérticas —comunes en La Guajira— y se averían continuamente. Durante meses estuvieron oxidándose en un parqueadero debido al calor y la sal marina.

El programa 'Hambre Cero', diseñado para llevar raciones alimentarias a regiones vulnerables de La Guajira y Arauca, también fue saqueado. El contrato para atender a habitantes de Hatonuevo y Manaure registró un sobrecosto de mil millones de pesos. En los municipios de Saravena, Tame y Fortul en Arauca, donde se suponía se atendería a 6.200 personas afectadas por inundaciones, los gastos excedieron el presupuesto inicial en 1.064 millones de pesos.

En el programa de Olas Comunitarias y Cosechas en el municipio de Albania, se identificó un contrato valorado entre 20 y 400 millones de pesos para garantizar raciones alimentarias completas a comunidades indígenas y rurales afectadas por sequía. El sobrecosto llegó a 2.000 millones de pesos. Las investigaciones revelaron que cocineros, manipuladores de alimentos y proveedores nunca recibieron los pagos prometidos. El convenio estaba constituido por 'contratistas de papel' sin empresas certificadas o existentes, y se utilizaron listados de beneficiarios 'fantasmas' con cédulas inexistentes o correspondientes a personas fallecidas.

Obras regionales y pagos por favores políticos

Tres de cuatro departamentos —Arauca, Córdoba y Bolívar— aparecían explícitamente en documentos que López entregó a la Fiscalía. Según las autoridades judiciales, en el caso específico de obras de mitigación de inundaciones, canalización de ríos y contención de erosión por 317 mil millones de pesos, se pagaron directamente favores políticos a congresistas. Los convenios de Arauca y Córdoba estaban reservados para legisladores que habían comprometido su voto a favor de las reformas del ejecutivo. En obras pactadas en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, se destinaron 90 mil millones de pesos adicionales.

Ahora, en medio de la catástrofe provocada por el terremoto de agosto, la UNGRD debe desplegar sus organismos de socorro y acciones de reconstrucción en el suroccidente del país con una institución debilitada por años de corrupción sistemática. Las autoridades judiciales continúan investigando los alcances completos del escándalo y la responsabilidad de los servidores públicos, congresistas y funcionarios involucrados en el desfalco.