Uribe denuncia 'abuso' de la Fiscalía al mantener indagatoria por masacres en Antioquia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la decisión de la Fiscalía de mantener para el próximo 24 de julio la diligencia de indagatoria en su contra por investigaciones relacionadas con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y el denominado capítulo de Las Guacharacas. El exmandatario calificó la determinación como un 'abuso' y sostuvo que vulnera su derecho a la defensa, puesto que aún no se han practicado varias pruebas decretadas en el proceso.

La reacción de Uribe se produjo tras la negativa de la Fiscalía a la solicitud que presentó la Procuraduría General de aplazar la diligencia. Según el ente acusador, existen elementos suficientes para inferir que el expresidente 'puede ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad'. A través de un mensaje en su cuenta de X, Uribe expresó su desacuerdo con la decisión y señaló que sin la práctica de las pruebas pendientes no tendrá las garantías necesarias para ejercer adecuadamente su defensa durante la indagatoria.

Acusaciones de motivación política

Uribe fue más allá de cuestionar el procedimiento y cuestionó los móviles detrás de la decisión. Aseguró que la Fiscalía actúa conforme a compromisos 'con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro'. El expresidente también destacó que el caso tiene un trasfondo político evidente, remarcando que la citación a indagatoria ocurrió tres días antes de las elecciones presidenciales. 'Este proceso empezó en 1998', enfatizó, al pedir que se considerara el contexto temporal de la convocatoria.

Pese a los cuestionamientos del expresidente, la Fiscalía mantiene la fecha de la indagatoria, un paso procesal que podría definir el futuro de la investigación. En esta diligencia, se analizarán los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo el marco de la Ley 600 de 2000. El resultado de esta indagatoria podría llevar al ente acusador a solicitar una medida de aseguramiento u adoptar otra determinación dentro del expediente.

Las líneas de investigación

La causa contra Uribe reúne cuatro líneas de investigación distintas. La primera corresponde a la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados cinco habitantes. La Fiscalía sostiene la hipótesis de una presunta omisión del entonces gobernador de Antioquia, al considerar que tuvo la posibilidad de prevenir la incursión paramilitar y no actuó para impedirla.

La segunda línea investiga la masacre de El Aro, registrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. En ese ataque fueron asesinados 17 campesinos, se incendiaron 42 viviendas, se robaron más de 1.000 reses y aproximadamente 1.400 personas resultaron desplazadas. En este episodio, la Fiscalía analiza la hipótesis de una presunta determinación para la comisión de los hechos. Uno de los testimonios centrales es el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023 que estas masacres habrían sido solicitadas 'directamente desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno'.

La investigación también incluye declaraciones de los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados por financiar la incursión paramilitar, quienes manifestaron ante la JEP que mantenían comunicación con Moreno desde la Gobernación de Antioquia. Uribe ha rechazado categóricamente estas versiones, afirmando que Mancuso ha cambiado su relato con el tiempo y señalando que, tras su extradición, había afirmado que él no tuvo participación en la masacre de El Aro.

La tercera línea de investigación busca establecer responsabilidades por el asesinato del abogado Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Valle había denunciado durante años la expansión del paramilitarismo en el norte de Antioquia y los presuntos vínculos entre integrantes de las autodefensas y miembros de la Fuerza Pública. Ante la JEP, Mancuso aseguró que la orden para asesinar al abogado habría salido de Pedro Juan Moreno, debido a las constantes denuncias que Valle realizaba contra Uribe, Moreno y altos mandos militares. Uribe ha negado estas afirmaciones, sosteniendo que trabajó conjuntamente con el abogado para atender la crisis humanitaria de Ituango y que, para la fecha del crimen, ya no era gobernador y adelantaba estudios en la Universidad de Oxford.

El cuarto componente del expediente corresponde al caso de Las Guacharacas, una hacienda ubicada entre San Roque y Yolombó. La Fiscalía intenta establecer si ese predio tuvo alguna relación con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1995 y 1997. Los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador, y del exparamilitar conocido como Pipintá cobran relevancia en este capítulo. Uribe ha insistido en que su familia vendió la hacienda años antes de los hechos investigados, tras el asesinato de su padre Alberto Uribe Sierra en 1983, y que cuando Monsalve llegó como administrador el predio ya no pertenecía a su familia.